Por:
RAFAEL GUILLERMO GUZMÁN FERMÍN enero 09, 2017
El suicidio del cabo Juan Carlos Ramírez
Martínez, P.N., motivado por una supuesta extorsión de que fue víctima por
parte de un oficial de la misma institución, además de la negativa de su padre
a darle la mísera suma de 50.00 pesos para comer, es sin lugar a dudas un hecho
luctuoso que describe, de la manera más cruda, la dramática realidad de
aquellos servidores públicos que en nuestro país devengan salarios que rondan
los RD$ 7,000 mensuales.
Este caso me motiva nueva
vez a analizar la recién promulgada Ley Orgánica de la Policía Nacional, que
muchos, ilusoriamente, creen que con tan solo una nueva Ley podrán “reformar”
cualquier institución sin tomar como base de cambios la integralidad del
conjunto de acciones que hay que tomar en cuenta para el logro de esos
objetivos, de manera simultánea y con metas de mediano y largo plazo.
Tomando como referencia
obligada lo que establece nuestra Carta Magna, que en su Artículo 7 consagra
que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho como
fundamento para aspirar a una real democracia social consolidada, es evidente
que se necesita mejorar la calidad de las políticas públicas y desarrollar instituciones abiertas,
transparentes y cercanas a la ciudadanía.
En ese mismo orden, se hace
necesario entender que este diseño funcional requiere de figuras sociopolíticas
capaces de interpretar la multidiversidad de intereses que interactúan en toda
sociedad y, por vía de consecuencias, la Policía Nacional no escapa a este
esquema.
Por esta razón, entendemos
oportuno la realización de un “análisis político-social” que responda a la
necesidad de observar lo que está sucediendo en la región con el tema de la
inseguridad ciudadana y su relación existente con la política nacional de los
países, con sus economías, la misma sociedad y hasta sus relaciones
internacionales.
El objetivo fundamental
sería que esas fuerzas sociopolíticas progresistas puedan desarrollar
estrategias y políticas públicas sobre los temas relevantes que la sociedad
dominicana demanda, y que se mantienen en el tope en todas las encuestas de
opinión, como es el tema de la “inseguridad ciudadana”.
Estrategia
del gobierno
Debido a estos factores, el
Estado dominicano ha puesto en su agenda de gobierno el impulsar lo que parecer
ser una estrategia de seguridad pública sobre la base de lograr la eficiencia
en las actuaciones de los cuerpos policiales.
En este contexto, se pueden
exhibir la implementación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y
Seguridad (911), la promulgación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la
cuantiosa inversión de recursos, sin precedentes, que ha destinado el gobierno
del Presidente Danilo Medina en su empeño de cumplir con la promesa de
garantizar un clima de seguridad ciudadana al pueblo dominicano.
Pero a pesar de estos
esfuerzos, la inseguridad ciudadana continúa siendo el “Talón de Aquiles” de su
gobierno, con una Policía Nacional sumida en una crisis de confianza, por ser
incapaz de contener el incremento sostenido del índice de criminalidad – que no
es igual a la Tasa de Homicidios -, por el alto número de agentes policiales
involucrados en actos de corrupción y en conexiones soterradas con estructuras
del crimen organizado.
Escenario avalado por el
ahora llamado Director General la Policía Nacional, al expresar públicamente
que “la Policía Nacional pasa por momentos muy difíciles”.
Entendemos que de nada
sirven las iniciativas adoptadas por las autoridades si no se mejoran
sustancialmente las “condiciones sociolaborales” del principal recurso que
cualquier institución, sea esta pública o privada.
Es pertinente incluir en
este análisis a los miembros de las FFAA por tener ellos una semejanza laboral
a las de la PN, siendo ambas, en su conjunto, los garantes de la Seguridad y
Defensa Nacional y, por vía de consecuencia, del sistema democrático y social
de derecho, indispensable para el desarrollo nacional.
Renglón
“salario”
Si se practicara un estudio
“etnográfico” a las FFAA y PN sobre sus salarios, horas de servicio, seguridad
social, seguros de vida, equipamientos y sus condiciones de trabajo, es seguro
que saldrán a relucir que existen: gran incertidumbre y falta de motivación en
su personal, falta de garantías referido especialmente a no disponer del
entrenamiento continuo en el debido uso de la fuerza para actuar dentro del
marco del respeto a los derechos humanos, condiciones de trabajo precarias,
corrupción interna influenciada por la doble moral de algunos mandos
superiores, imagen institucional deteriorada con la subsecuente pérdida de
autoestima y falta de incentivos para la capacitación profesional y
especialización.
Dentro de todos estos
factores enumerados, nos permitiremos utilizar el renglón “SALARIO” para
demostrar nuestros argumentos, tomando como base comparativa, la escala básica
del “Costo Promedio Nacional de la Canasta Familiar” dado por el Banco Central
en el año 2014 para la escala de más bajos ingresos (quintil 1), que fue de RD$
12,298.00 pesos y el “Salario Mínimo”
que devenga un raso perteneciente las FFAA y PN (sin aplicarle los descuentos)
que es de RD$ 7,000.00 pesos.
“Demonios
de la corrupción”.
De este análisis sencillo,
salen verdades que mucha gente no quiere “ver lo evidente”, siendo la realidad
más palpable que con el sueldo de un raso de las FFAA o PN, ningún ser humano
puede satisfacer mínimamente el menú de sus necesidades básicas. Por lo tanto,
ésta se constituye en una seria vulnerabilidad que fácilmente puede inducir a
estos servidores públicos a ser tentados por los “demonios de la corrupción”.
Analicemos tan solo tres de
estas necesidades básicas: alimentos/bebidas, vivienda y salud.
Partiendo de la hipótesis de
que un ser humano se alimenta todos los días y tres veces al día; que una
familia normal integrada por cuatro miembros (padre, madre y dos hijos),
tendremos que con el sueldo de un mes, ese miembro de las FFAA y PN solo puede
destinar al día para alimentar a toda su familia la suma de: 3,306.10/30= RD$ 110.20 pesos, para
distribuirlo en las tres comidas del día serían: 110.20/3= RD$ 36.73 pesos por
comida al día.
Puesto que asumimos
hipotéticamente que son cuatro los integrantes de una familia, tendremos que
36.73/4= RD$ 9.18 pesos por comida al día para cada uno.
Ante esta vergonzosa
realidad, corresponde preguntarnos, si es posible alimentar a una persona con
RD$ 9.18 pesos diarios? ¿Podrá tener una vivienda digna pagando un alquiler de
RD$ 579.60 pesos al mes? O ¿Le alcanzarán los RD$ 303.10 pesos mensuales para garantizar
la salud de toda su pobre familia?
Como podemos apreciar en el
gráfico 3, la República Dominicana tiene uno de los más bajos salarios de toda
Latinoamérica, por tanto, podemos afirmar que “la República Dominicana no tiene
la policía que quiere sino la que paga”.
Prohibición
de un segundo empleo
Estos son parte de los
motivos que obligan a que una gran parte de los miembros de las FFAA y PN se
vean obligados a buscar en su tiempo libre, un segundo empleo, para poder
completar el magro salario que el Estado ha sido incapaz de proporcionarle,
para de esta manera seguir bajo el “servicio de Dios”, pero que hoy,
erróneamente, se le está prohibido en la nueva Ley Orgánica.
Los bajos salarios son, en
definitiva, unas de las principales vulnerabilidades de nuestras instituciones
armadas, por lo que se hace prioritario que el Estado mejore sustancialmente
las condiciones sociolaborales de los militares y policías si quieren pretender
potenciar sus capacidades para que cumplan sus funciones de Seguridad y Defensa
de forma eficiente y efectiva como demanda la sociedad.
Bajo esas condiciones
favorables estarán en capacidad de reclutar nuevos y óptimos miembros dentro
del banco de recursos humanos de la sociedad, pues verán en las FFAA y la PN
instituciones dignas y honorables donde puedan desarrollar sus talentos
vocacionales en una carrera profesional de futuro.
Es preciso ofrecer un
“proyecto de vida” atractivo, elemento indispensable para elevar las
condiciones de trabajo mínimas, tales como, estabilidad laboral, salarios
dignos, acceso a un plan de viviendas y seguro social que cubran los “altos
riesgos” a que se enfrentan día a día.
Además, es la mejor y más
eficaz manera de combatir y prevenir la corrupción interna, utilizada como
mecanismo alternativo para incrementar sus ingresos y la peligrosa tentación de
vincularse con las fuerzas “subterráneas” del crimen organizado, y a la vez,
una manera de fortalecer nuestras instituciones armadas.
Pues los militares y
policías son dominicanos de “carne y hueso” que también poseen derechos
fundamentales, que tienen que ser protegidos tal como lo consagra el Artículo 8
de la Constitución de la República, cuando expresa que “es función del Estado
la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad
y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual
y de justicia social Ö..”
Finalmente, para que la
República Dominicana tenga unas fuerzas militares sólidas y una policía moderna
dentro de un “Estado Social y Democrático de Derecho” capaces de asumir los
retos y desafíos actuales en un mundo globalizado que imprime una velocidad de
cambios socioculturales, económicos y políticos, que traen consigo nuevas
amenazas y que posean la suficiencia operacional de recuperar y garantizar la seguridad ciudadana, tenemos que aumentar
sustancialmente sus condiciones sociolaborales, involucrando también a la
sociedad civil y comunidades en el diseño de sus estrategias, de la
implementación de la “rendición de cuentas” y una política de transparencia,
evitando así que los miembros de las FFAA y PN, como “servidores de Dios”
caigan en la tentación, por dinero, de tener que “servir al Diablo”. ALMOMENTO
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