SAN JUAN, Puerto Rico.-Organizaciones religiosas,
feministas locales y defensoras de los derechos humanos y civiles presentaron
este viernes ante el Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda
Rodríguez, una demanda para que sean investigados por supuestos crímenes de
lesa humanidad, al presidente del Tribunal Constitucional de República
Dominicana y a otros dos jueces de ese organismo.
Juez Milton Ray Guevara, presidente Tribunal
Constitucional de República Dominicana.
El sometimiento está basado en el Código Penal de Puerto
Rico, y se hizo aprovechando la presencia en esa isla de los jueces dominicanos
Milton Ray Guevara, Justo Pedro Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, y se
solicita que se les impida abandonar el territorio puertorriqueño antes de que
concluya la investigación.
La solicitud al Secretario de Justicia busca poner en
vigor la jurisdicción extraterritorial que tiene Puerto Rico para procesar a
personas responsables de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad
(crímenes de lesa humanidad).
“Esa sentencia discriminatoria y xenófoba, generó la
persecución de un grupo de dominicanos en razón de su raza y etnia, dejándoles
en situación de apatridia y en riesgo de ser expulsados forzosamente del
territorio dominicano, donde nacieron y tienen todos sus vínculos familiares,
culturales y sociales”.
En la demanda se solicita que se tomen las medidas
cautelares necesarias para que los tres jueces dominicanos no abandonen la
jurisdicción de Puerto Rico hasta que se concluya la investigación criminal.
“Esta acción envía un mensaje de que no van a quedar
impunes aquellos que violan los derechos humanos. No podrán esconderse en sus
títulos, se les señalará y responderán por sus crímenes contra la humanidad”,
indicaron los demandantes.
Juez Justo Pedro Castellanos Khoury
La demanda tiene su origen en que el Estado dominicano ha
anunciado que reiniciará las deportaciones de inmigrantes, una vez concluido
todo el proceso del Plan Nacional de Regularización de migrantes en condición
de indocumentados.
A juicio de los demandantes las estas medidas amparadas en
una sentencia del Tribunal Constitucional, que preside Ray Guevara (la
TC-168-13) afecta a miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana,
y causa grave sufrimiento, separación de familias y desplazamiento forzado.
“Esta persecución, y la amenaza de expulsiones masivas a
personas en razón de su ascendencia haitiana ha sido condenada por diversos
órganos internacionales y regionales. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado dominicano y señaló que la sentencia 168-13 es
contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron las
organizaciones que demandaron a los tres jueces dominicanos en Puerto Rico.
Sostienen que a través de la Sentencia 168-13, emitida por
el Tribunal Constitucional dominicano, se desnacionalizó retroactivamente a
miles de dominicanos nacidos en la República Dominicana desde el 1929.
“Esa sentencia discriminatoria y xenófoba, generó la
persecución de un grupo de dominicanos en razón de su raza y etnia, dejándoles
en situación de apatridia y en riesgo de ser expulsados forzosamente del
territorio dominicano, donde nacieron y tienen todos sus vínculos familiares,
culturales y sociales”, precisaron.
Las entidades actuantes en la demanda sostienen que los
jueces denunciados emitieron una sentencia ilegítima, que viola los derechos
humanos y atenta contra la seguridad jurídica, física y mental de miles de
dominicanos de ascendencia haitiana.
“Sus efectos constituyen un crimen de lesa humanidad que
no debe quedar impune. Exigimos al Secretario de Justicia que cumpla con su
deber de garantizar una investigación criminal por los actos que se denuncian
cometidos por los jueces dominicanos que hoy están en Puerto Rico. Nos unimos a
las entidades internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y a los estados de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) que han señalado que las acciones del Tribunal Constitucional
dominicano y del Estado dominicano son un atentado a nuestro sentido de
humanidad y pueden resultar en una crisis de gran escala”, expresaron.
Las organizaciones esperan que el Secretario de Justicia
abra de inmediato una investigación penal sobre este tema y tome las medidas
para que los tres jueces dominicanos, a los cuales acusa de violar los derechos
humanos, no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico.
“La lucha por los derechos humanos en santo domingo se
transforma en una lucha contra la impunidad”, sostienen.
Organizaciones que
firman la demanda:
Comuna Caribe. Instituto Caribeño de Derechos Humanos,
Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, Organización Puertorriqueña de la
Mujer Trabajadora, Red de Esperanza y Solidaridad-Diócesis de Caguas, Instituto
Puertorriqueño de Derechos Civiles, Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer, Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto
Rico, National Lawyers Guild, International Lawyers Guild.
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