Por: JUAN BOLIVAR
DÍAZ/HOY
Con crecimiento económico cercano al 7 por ciento del
producto interno bruto (PIB), inflación y devaluación alrededor del 3 por
ciento y mejoría en la balanza de pagos, el 2014 puede calificarse de bueno en
términos económicos, aunque se ratifican altos déficits, fuerte endeudamiento e
inequidad en la distribución del ingreso.
Pero el año fue pésimo para la institucionalidad
democrática, con el descalabro de la oposición política y el descrédito de las
altas cortes y el Congreso Nacional bajo absoluto control político,
configurando una crisis del Estado de derecho, manteniendo la impunidad y
ratificando la exclusión económica y social de las decenas de miles
desnacionalizados.
El crecimiento
económico
Con crecimiento económico sobre el 6 por ciento, el doble
del promedio latinoamericano, baja inflación y devaluación del 3 por ciento y
mejoría en el histórico déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos,
el Gobierno del presidente Danilo Medina puede reclamar un importante éxito en
el 2014, aunque relativizado por un nuevo déficit fiscal de alrededor del 3 por
ciento del PIB.
Por séptimo año consecutivo el país acumula déficit
fiscal, financiado con un persistente endeudamiento que el Fondo Monetario
Internacional sitúa en el 50 por ciento del PIB al concluir 2014, año en que
los ingresos fiscales fueron consumidos por el gasto corriente sobre el 85 por
ciento de la ejecución presupuestaria.
La pobre inversión de capital se basa en un endeudamiento
interno y externo que ha llevado la deuda del Estado sobre los 32 mil millones
de dólares, triplicada en la última década, cuando solo el déficit cuasi-fiscal
del Banco Central pasó de RD$101,966 millones a RD$346,589 millones.
El año concluye con devaluación por debajo de lo
proyectado y con un control significativo de la inflación, pero sin que pudiera
revertirse el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y
privados, que ha convertido el país en líder regional en crecimiento excluyente
certificado por el Banco Mundial.
Una encuesta del Banco Central reveló en noviembre que el
60 por ciento de los hogares recibe menos de 18 mil pesos mensuales, muy por
debajo del costo promedio de la canasta familiar.
Aunque todavía no alcanzará el 4 por ciento del PIB debe
acreditarse al Gobierno el esfuerzo por lograr esa meta legal y de amplio
reclamo nacional.
El experto fiscal José Rijo documenta que, al igual que en
2013, pasará del 3.5 por ciento, aunque excesivamente concentrada en la
construcción de aulas.
También se le acredita una mejoría en la calidad de la
inversión, aunque sin reducción del gasto clientelar y del reparto del Estado.
Descrédito
institucional
El 2014 registró un marcado deterioro del Estado de
derecho en el país, evidenciándose más que nunca el entramado de poder casi
absoluto que configuró el expresidente Leonel Fernández cuando tras promulgar
la Constitución del 2010 colocó a una mayoría de incondicionales en las
llamadas altas cortes de justicia, y a través de ellas en gran parte del
aparato judicial así como del Ministerio Público.
El liderazgo lo llevó el Tribunal Superior Electoral con
repetidas sentencias a favor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, socio de
Fernández en la repartición de ese y otros organismos, utilizando artificios
jurídicos hasta para validar un conato de convención que concluyó en un tiroteo
cuando un candidato contestatario pretendió ejercer el voto. No hubo sufragio
en casi todo el país, pero Vargas Maldonado queda como presidente del dividido
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que recibe más de 18 millones de pesos
mensuales del Presupuesto Nacional.
El Tribunal Constitucional quedó en medio de la calle con
la sentencia que desconoció la adscripción del país ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quince años después que se produjera, desconociendo
la Convención Americana de Derechos Humanos, contradiciendo su propia ley
orgánica y olvidando tres sentencias que había dictado basadas en
jurisprudencia del organismo continental. También ignoró que el Estado se había
defendido en cuatro procesos judiciales ante esa corte y hasta un acuerdo de
colaboración que había firmado con la misma institución.
Descalabro político
La definitiva división del PRD, el más antiguo partido
político dominicano, marcó el descalabro de la oposición política, fruto de la
escasa cultura democrática, de las luchas grupales y la desvalorización de la
política, aunque también con el auspicio de un importante sector del partido de
Gobierno, que cifra su expectativa de predominio hasta el 2044, según reiterado
planteamiento de su líder Leonel Fernández.
Aunque lo que las encuestas marcan como mayoría
perredeísta constituyó el Partido Revolucionario Moderno y paralelamente se
propuso una “Convergencia” de múltiples grupos políticos y sociales, el año
concluye en la nebulosa con evidentes dificultades para encontrar un método de
escogencia de su candidatura presidencial, lo que diluye sus posibilidades y
distrae su atención de los problemas y las expectativas nacionales.
Mientras la oposición política se dispersa, en el PLD por
lo menos cinco dirigentes se mantienen en campaña por la candidatura
presidencial para el 2016, incluyendo al expresidente Fernández, y otros
centenares también gastan fortunas de dudoso origen promoviéndose desde ya para
legisladores o funcionarios municipales, sin que ninguna autoridad establezca
orden ni límites.
Fue relevante el surgimiento de una abierta lucha por el
predominio en el PLD entre los seguidores de Fernández, que luchan por volver
al poder, y los del presidente Medina, algunos de los cuales quisieran abrir
espacio a una nueva reforma constitucional para posibilitar la repostulación
del mandatario, lo que luce difícil, a menos que el expresidente se vea
obligado a declinar, presionado por los escándalos de corrupción que le
salpican.
Limitados logros
sociales
La sociedad civil no ha logrado compactar fuerzas
suficientes para contener la corrupción, que se registra cada vez más como gran
preocupación. Pero se hizo presente en algunas campañas, lo mismo que en la
lucha por la preservación de la loma Miranda y celebró la decisión judicial que
revocó el fraudulento reparto de la bahía de Las Aguilas.
Luchó por la restitución de los derechos de los
desnacionalizados por la JCE y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional,
y acogió la transacción de la Ley 169-14, que en mayo planteó devolver sus
documentos a los descendientes de extranjeros que habían sido reconocidos como
dominicanos, pero la JCE mantiene la discriminación y la exclusión, evadiendo
el cumplimiento de la ley, sin que autoridad alguna le reclame.
El año se cierra con preocupaciones sobre el Estado de
derecho, sin haberse disipado las incertidumbres provocadas por el asalto a la
cárcel de Najayo, el intento de sabotaje a las torres eléctricas y el atentado
en el Metro de Santo Domingo.
El Congreso Nacional
El Congreso Nacional no escapa al derrotero institucional.
Pasó otro año burlándose de los reclamos de casi dos décadas por una Ley de
Partidos que garantice la funcionalidad democrática y la transparencia de las
organizaciones políticas. Con la introducción de un nuevo proyecto del PLD, se
creyó que por lo menos este sería aprobado, pero trajo tales distorsiones a los
varias veces consensuados, que ha resultado imposible convertirlo en ley.
Las cámaras legislativas, controladas absolutamente por el
partido gobernante, ni siquiera han contemplado discutir otro proyecto
fundamental, el de Ley Orgánica Electoral, que como el de partidos, fue
presentado hace tres años por la Junta Central Electoral en atención a reformas
incluidas en la Constitución hace casi 5 años.
La forma en que la Cámara de Diputados manejó las
observaciones presidenciales al Código Penal, que procuraban excepciones a la
penalización del aborto, se constituyó en otro desaguisado institucional.
Violaron varios artículos de su reglamento interno y se volaron el Senado,
enviando la ley modificada directamente al Poder Ejecutivo. Para colmo este
promulgó el fundamental código, con modificaciones que nunca conoció el Senado,
en clara e inexplicable violación de un aspecto básico del ordenamiento
constitucional.
El año concluye sin que el Gobierno haya logrado los
pactos fiscal y eléctrico que según la Ley de Estrategia Nacional de
Desarrollo, deberían estar en vigencia en enero próximo. Tampoco ha logrado
poner en vigencia la Ley de Regularización Salarial del Estado, en medio del
escándalo sobre la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque
registra avances hacia la cuenta única del tesoro y en mayor transparencia de
las compras y contrataciones, pero todavía el país registra los más altos
niveles de corrupción e impunidad del continente.
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