Santo Domingo.- El presidente del Colegio Dominicano de
Periodistas, (CDP), reitera su llamado al procurador general de la República y
al jefe de la Policía Nacional, disponer
una investigación sobre diversos casos de supuesta “persecución” contra
periodistas y productores de programas en el interior del país.
Olivo de León dijo a END que el CDP ha hecho la petición
al doctor Francisco Domínguez Brito y al mayor general Manuel Castro Castillo
para que “den con los responsables y
sean sometidos a la justicia”.
Citó los casos recientes de dos periodistas y tres
reporteros gráficos de la provincia Hermanas Mirabal, en el cual dos periodistas
y tres reporteros gráficos fueron amenazados y emplazados a abandonar sus espacios de trabajo, como es
el caso de Rafael Santos.
“Esta petición” hecha bajo alegato de “que tenían ´jarto´
y cansado a sectores de la comunidad como los comerciantes y otros, e incluso
la casa de uno de los fotorreporteros que tiene un digital fue tiroteada, y
éste tuvo que mudarse porque lo amenazaron de muerte acusándolo de delator”.
También a Rafael Santos, corresponsal de los periódicos
Hoy y el Nacional, productor de programa de televisión “La Prensa en TV”, y
Relacionista Público del municipio de Salcedo, “le tiraron varios volantes
emplazándolo a cerrar varios programas”,
narró Olivo de León.
El presidente del CDP, informó que no solo Santos ha sido
emplazado, sino también el propietario del canal para que lo saquen, bajo la
advertencia de que si no lo hace van a sufrir las consecuencias y le amenazan
de “emprender acciones en su contra”.
Olivo de León dijo
que las amenazas llegan a través de volantes que supuestamente están firmados
por el Movimiento Duartiano, o Frente Amplio de lucha Popular.
“Cuatro son las instituciones firmantes, pero todas se
desligan y cuando se realizan las
indagatorias dicen que no tienen nada que ver”.
Dijo que otras provincias donde el atropello a la clase
periodistas es evidente por parte de la Dirección Nacional de Control de
Drogas, son Puerto Plata, La Vega y Santiago “donde los agentes de la DNCD
agreden, maltratan a periodistas sin cometer delito alguno”.
Narró uno de los hechos ocurrido en Santiago, donde “un
periodista iba caminando por la calle, la DNCD lo agarró, lo metió en una
camioneta y dos jóvenes que grabaron lo sucedido, incluyendo una embarazada,
fueron llevados en la misma camioneta y fueron despojadas de sus móviles”.
Denunció que en Sosúa, Puerto Plata, la DNCD apresó un
camarógrafo, “se lo llevaron y hicieron todos los operativos y luego lo
soltaron”.
En el caso de los reporteros gráficos destacó que las
amenazas vienen de sectores ligados al narco.
Citó a Vladimir Rodríguez, periodista miembro de la
Dirección General de Comunicaciones, Dicom, quien también tiene un programa que
se llama “contra todos”, “y quine recibió los mismos emplazamientos”.
EL CASO MARCOS
MARTINEZ
Sobre el caso del abogado y comunicador de Santiago, Marcos Martínez, informó que
este viernes, “Marcos relató que un contingente
de 20 agentes produjeron un allanamiento en su casa materna llevándose
preso a su hijo, y un fusil que posee de acuerdo a la ley 801 de junio 1978,
promulgada por Joaquín Balaguer”.
Según el
comunicador, la citada ley establece que los exlegisladores tienen derecho a
portar dos armas, una larga y otra corta, ambas amas dice las usa para su
protección.
En su caso, supuestamente, el Ministerio Público no quiere
que Marcos Martínez asuma la responsabilidad del fusil “porque tendría que
dejar libre a su hijo”.
La citada ley 801 del 28 de junio del 1978, no se trata de
un de permiso, “es una ley que está por encima de un permiso otorgado por el
Ministro de Interior y Policía, la cual establece que los exlegisladores
tendrán para su protección” y, el comunicador Marcos Martínez fue diputado en
el 1986.
Según Marcos este nuevo hecho, es una carrera de
persecución contra su persona, y el fusil se lo regaló el exvicepresidente de
la República, Jacinto Peynado.
Finalmente, el presidente del Colegio Dominicano de
Periodistas califica los casos citados como
“un atentado contra la Difusión del Pensamiento y los principios constitucionales. También, destacó el caso del periodista Rosendo
Tavares de la Z-101 a
quien el CDP, ofreció apoyo jurídico.
Por Lilliam Mateo/El Nuevo Diario
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