Santo Domingo.- El Ministerio Público, a través de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde de
San Francisco de Macorís y otros tres funcionarios del Ayuntamiento, acusados
cometer irregularidades en el manejo de los fondos, que superan los 400
millones de pesos.
El alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, el encargado de
Nómina Jerson Neris Lizardo Pérez y la tesorera Fior D’liza Genao Hernández,
son acusados del desfalco junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo,
en calidad de cómplice.
El grupo está acusado de cometer los crímenes de coalición
de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, y prevaricaron, además de
los delitos de desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y abuso
de confianza.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, titular de la
PEPCA, declaró que a los imputados se les atribuye la violación de los
artículos 123, 124, 145, 147, 150, 151, 166, 167 y 169 del Código Penal
Dominicano, así como los artículos 170, 171, 172, 177, 178, 179, 265 y 266, de
dicha normativa, que tipifican ese tipo de crímenes.
“En el proceso de investigación realizado por la PEPCA y
una auditoría realizada de manera conjunta con la Cámara de Cuentas en el
período 2007-2011, se determinó que con sus actuaciones dolosas los
funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco incurrieron en las citadas irregularidades en el manejo de los fondos
públicos”, manifestó la funcionaria del Ministerio Público.
De acuerdo a la auditoria, el alcalde Rodríguez Grullón
otorgó obras sin que se haya realizado un concurso público o de oposición, en
franca violación de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios del Estado, comprobándose que era para favorecer a determinadas empresas.
Asimismo, expresa que el Alcalde suministró combustible a
camiones alquilados a particulares.
También en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de
Macorís, por decisión del síndico, se hicieron contratos de obras que no
establecen garantías mediante pólizas de seguros.
La auditoría también determinó que el Ayuntamiento
contrató 481 obras por un monto equivalente a 377 millones 860 mil 484 pesos,
sin haber exigido a los contratistas el depósito de las pólizas de garantía de
avance y de vicios ocultos, a la firma del contrato y recepción de las obras,
respectivamente.
Dicha auditoría revela además que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de
2011, el Ayuntamiento no exigió pólizas a los contratistas ascendentes a 113
millones 358 mil ciento cuarenta y cinco pesos, por concepto del 20% de
garantía de avance y del 10% de vicios ocultos en apego a la Ley No. 5560 sobre
Póliza de Garantía de Anticipos y Vicios Ocultos.
Asimismo, determinó que el Alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón en el año 2011
sobrevaluó las cuentas por un monto ascendente a doce millones.
Mediante la auditoría por igual se estableció que el
Alcalde con la colaboración de Jerson Neris Lizardo Pérez, le otorgó pagos
duplicados a empleados que tienen cédulas duplicadas, así como nombres y
códigos de empleados diferentes.
Además se comprobó que hubo desfalcó en los períodos
comprendidos entre el 2007 y 2011, por concepto de nóminas de ayudas a
personas, sin que existan expedientes que justificaran eas ayudas, tales como
cédulas de identidad y electoral, evaluaciones socioeconómicas y módicas, según
su naturaleza, que permitan identificar las causas para otorgar esas
asistencias.
Expresa que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de
Macorís además dejó de percibir la suma de 2 millones 617 mil 749 pesos, por el
acusado Félix Manuel Rodríguez Grullón, al no aplicar el impuesto
correspondiente al 10%, para beneficiar allegados en el alquiler de vehículos a
proveedores de servicios, por la recogida de desechos sólidos.
De igual manera determinó que realizó pagos a compañías
sin que existan contratos de alquiler y soportes justificativos, y que
incumplió en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís de las normativas
legales establecidas en el artículo 21 de la Ley No. 176-07 del Distrito
Nacional y de los Municipios, que establece límites en cuanto a la composición,
de cómo se destinaron los ingresos propios y los recibidos por las diferentes
modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus
competencias.
También, expresa que
hubo sobrevaluación y desfalco en nueve obras con la existencia de
contratos reformulados que exceden el 25% del presupuesto original de las
obras, sin las debidas justificaciones comprobadas que demuestren las
imprevisiones causantes de esas adiciones.
“En combinación con lo demás coimputados realizó Fraude
Electrónico en la Nómina de Personal del Ayuntamiento, por montos millonarios,
además de que se contactaron a personas para
sustraer los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís,
a través del depósito en la nómina electrónica, todo con la participación de
los demás coimputados”, se establece en la acusación presentada por el
Ministerio Público.
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