SAN FRANCISCO DE MACORIS, República Dominicana.- El Juez
de la Corte de Apelación de la provincia Duarte impuso la madrugada de este
martes libertad condicionada al alcalde, la tesorera y un ex empleado del
ayuntamiento de San Francisco de Macorís, acusados de corrupción administrativa
en el manejo de RD$100 millones.
El juez Claudio Anibal Medrano dispuso que los tres
deberán acogerse a una garantía económica y presentarse periódicamente ante las
autoridades judiciales, y además han quedado impedidos de salir del país.
A las 2:00 de la tarde del lunes se inició el conocimiento
de la medida de coerción contra el alcalde Félix Rodríguez Grullón, la
tesorera, Fiordaliza Genao y el ex encargado de nómina, Gerson Lizardo. Sin
embargo, no fue sino pasadas las 3:00 de la mañana cuando el juez Claudio
Aníbal Medrano tomó la decisión.
Rodríguez y Genao se habían entregado a la Justicia
durante la mañana del lunes, a través de la Procuraduría General de la
República, en Santo Domingo. Lizardo Pérez lo hizo la semana pasada.
Las medidas
El juez Medrano expuso que, en virtud de que Rodríguez
tiene arraigo, le fue impuesta una garantía económica de cinco millones de
pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país por seis meses,
al igual que a Genao y Lizardo Pérez, quienes, además, deberán pagar 500 mil y
200 mil pesos, respectivamente.
Al salir del tribunal, Rodríguez valoró la decisión del
juez y aseguró que seguirá dispuesto a toda investigación. “Agradezco a Dios
que iluminó al juez. Soy inocente, yo fui que solicité ordenar una
investigación", expresó.
Los prevenidos incurrieron en coalición de funcionarios,
falsedad, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, concusión, abuso
de confianza y asociación de malhechores, según la procuradora fiscal, Laura
Guerrero.
Dijo que de enero 2007 a noviembre 2011, los imputados cometieron
un fraude electrónico en la nómina, que incluye pagos sin soportes
justificativos y otros delitos.
“Estos son datos tomados como indicadores dentro de una
gama de irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas,
pruebas fehacientes que justifican y avalan nuestro solicitud de arresto y
allanamiento y el inicio de un proceso legal”, afirmó Guerrero la semana
pasada.
Fuente: SIN
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