SANTO DOMINGO.- La Procuraduría
General de la República obtuvo una orden de arresto contra el alcalde de San
Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, por alegados actos de
corrupción administrativa de más de 100 millones de pesos.
A través de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que
dirige la magistrada Laura Guerrero, también se solicitó orden de arresto
contra Fior Daliza Genao Hernández, gerente financiera y tesorera del
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, así como contra Jerson
Nerys Lizardo Pérez, ex encargado de nómina de dicha alcaldía.
En una comunicación de prensa,
Guerrero informó que las irregularidades, detectadas en un informe de la Cámara
de Cuentas, incluyen falsedad de documentos, prevaricación, desfalco, abuso de
confianza y asociación de malhechores.
Agrega que en una investigación
realizada por el Ministerio Público se pudo comprobar que en el período
comprendido de enero 2007 a
noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, los
imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha
alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cuya irregularidad
fue reflejada por auditoría de la Cámara de Cuentas.
Entre las pruebas obtenidas
tras las investigaciones del Ministerio Público se destaca que "hubo pagos
realizados sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos según se
observa en la página 75 del informe presentado por la Cámara de Cuentas, así
como la falta de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco
de Reservas para el pago de la regalía pascual de los empleados, ascendentes a un
monto de 28 millones, de manera que transparente las amortizaciones mensuales
aplicadas".
Igualmente, dice que el informe
da cuenta de que no disponen de las tablas de amortizaciones de los préstamos
para controlar los pagos mensuales durante el período entre 2007 al 2011. En
ese mismo orden se hace constar en la página 28 las discrepancias extraídas del
sistema de nóminas del cabildo y los pagos realizados por el banco, en los
meses de julio 2010 a
septiembre 2011, ascendiendo la diferencia a 11 millones 810 mil 927 pesos
dominicanos.
La Procuraduría General de la
República dice, además, que en el informe se refleja una diferencia entre
registro de lo pagado y las afirmaciones a terceros en la página 84 de la
auditoria, que hace constar que la Alcaldía pagó entre capital e intereses la
suma de 28 millones 812 mil 936 durante el 2007 al 2011, reflejando una
diferencia según las cuentas bancarias y las confirmaciones del Banco de
Reservas, por un monto de 1 millón 496 mil 221 pesos dominicanos.
Otro de los puntos que se
destacan a raíz de la investigación realizada por el Ministerio Público refiere
que el informe de la cubicación número 9 de mayo del 2012 correspondiente al
remozamiento del área externa del Mercado Municipal por un total acumulado de
12 millones 954 mil 902 pesos, confirmándose una diferencia entre los montos
pagados y ejecutados, ascendentes a 518 mil pesos, en tanto que en la
remodelación del área interna del mismo la diferencia asciende a 703 mil 592
pesos.
Igualmente hace referencia a
otros montos en situaciones semejantes relacionadas con el remozamiento de la
avenida Manuel Aurelio Tavares Justo (salida de Nagua hasta la entrada de
Briquetas), que arroja una diferencia entre pagado y ejecutado de más de 950
mil pesos;
Otras irregularidades que la la
PEPCA cita es la construcción de la escultura monumental, Icono de San
Francisco de Macorís, en la que se observa diferencia entre pagado y ejecutado
de más de un millón de pesos.
En informe legal de la Cámara
de Cuentas, según el Ministerio Público, revela también que en los períodos
auditados, la Alcaldía de San Francisco de Macorís reflejó una erogación de más
de 5 millones de pesos a favor de empleados que no desempeñan funciones a
beneficio de ese ayuntamiento.
"La entidad auditada
emitió cheques duplicados a favor de diferentes beneficiarios por más de 800
mil pesos y pagos sin soporte por más de 8 millones de pesos entre el 2007 al
2011, entre otros movimientos y actos que en su totalidad, envuelven más de 100
millones de pesos malversados", concluye el comunicado de la Procuraduría
General de la República.
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