CDP DICE QUE COMPETE
AL PODER EJECUTIVO ORDENAR QUE SE CUMPLA LA LEY 200-04
Ramón Cruz Benzán /
Juan Eduardo Thomas
Santo Domingo El procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito, favoreció ayer la creación de un comisionado que
vele y ejecute la ley de acceso a la información pública, ante el
incumplimiento por parte de algunas entidades.
El jefe del ministerio público dijo que sería interesante
la propuesta formulada en ese sentido por Miguel Franjul, director de LISTÍN
DIARIO, por considerar que República Dominicana tiene que ir caminando hacia la
transparencia.
Mientras que el presidente del Colegio Dominicano de
Periodistas (CDP) señaló que es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo
ordenar a las instituciones públicas cumplir a cabalidad con la ley 200-04
sobre libre acceso a la información. En cuanto a Domínguez Brito, valoró la
posición de Miguel Franjul, al tiempo que dijo esperar que sea un tema de
cotidianidad de la ciudadanía, ya que la transparencia tiene que ir a todos los
niveles.
Expresó que en la medida en que las autoridades procuren
que todas las instancias se manejen dentro de ese esquema, en esa misma medida
aumentan la democracia, la participación y el sentido de responsabilidad de la
gente que ve con claridad cuáles son cada una de las actuaciones. Sostuvo que
el acceso a la información tiene que abarcar un poco más, no solamente el
acceso a la información del comportamiento público, sino que tiene que haber un
respeto y una defensa a la libertad de la información.
A juicio del Procurador, no puede haber ninguna
restricción a la libertad, tras señalar que tiene que defenderse la plena
libertad, por considerarla fundamental.
El periodista Miguel Franjul planteó que dicho Comisionado sería una
especie de defensor de la ley o un ente legal, similar a un Defensor del
Pueblo, con autonomía para hacer valer en toda su magnitud esa formidable
herramienta de la democracia.
Colegio de
Periodistas
Aurelio Henríquez, del CDP, dijo que muchas instituciones
del Estado no cumplen con lo establecido en la legislación, y señaló de manera
particular a los ayuntamientos del país como principales infractores de la
disposición.
Aseguró que uno de los inconvenientes es que las
autoridades de los cabildos creen “que están fuera del Estado”, y por lo tanto
no se ven compelidos a responder a solicitudes de ciudadanos y periodistas para
mayor transparencia y control de los fondos públicos. Listin Diario
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