REUNIÓN DE LA SIP EN
PUEBLA, MÉXICO: RESALTAN NECESIDAD DE HACER CUMPLIR LAS LEYES Y QUE MÁS PAÍSES
SE INTEGREN
Wendy Santana
Puebla, México La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició su
reunión de medio año, en esta ciudad, pasando balance a los adelantos,
retrocesos y retos del libre acceso a la información, así como a las últimas
tendencias periodísticas y a la necesidad que tienen los periódicos de
reinventarse para caminar a la par con las demandas de información.
En materia de libre acceso a la información, los
charlistas César Ricaurte y Eduardo Bohórquez, establecieron que aunque se ha
recorrido un largo tramo creando leyes de transparencia en muchos países de la
región, todavía no se logra que éstas se cumplan a cabalidad y en algunas
naciones se resisten todavía a la obligación de montarse en ese tren.
Al analizar el tema, el ecuatoriano Ricaurte dejó claro
que el acceso a la información pública es un derecho fundamental contemplado en
el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención
Americana de los Derechos Humanos y que países como Argentina y Paraguay, donde
no se ha podido consensuar este aspecto están en la obligación de hacerlo.
Citó como avances en esta lucha por la democracia
participativa, la reciente creación, por parte del presidente estadounidense
Barack Obama, de la Alianza de Gobierno Abierto, en la que se han agrupado 55
países, entre ellos la República Dominicana, comprometida con facilitar el
libre acceso a la información pública.
Como retroceso, presentó, primero, el incumplimiento
parcial o total de las leyes de acceso a la información pública en los países
donde ya existe y, segundo, la amenaza de las naciones atrasadas en no aceptar
el derecho de los periodistas a conocer el manejo de los fondos públicos.
Avances
Volviendo a los avances, reflexiona sobre el establecimiento de diez principios básicos para ser aplicados en los países donde todavía no hay jurisprudencia en ese sentido, y los cuestionamientos que hacen estos países a la importancia de las leyes de libre acceso a la información y a la universalidad de aplicación de las mismas. “Esto se constituye en una seria amenaza a los esfuerzos que se han hecho para llegar a donde estamos, cuando lo que deberíamos es estar completando la parte que nos falta, relativa al cumplimiento de las legislaciones existentes y su reforzamiento para que las partes oscuras sean aclaradas, y los funcionarios públicos entiendan que es a ellos a quienes más les conviene tener las cuentas claras”, dice.
Volviendo a los avances, reflexiona sobre el establecimiento de diez principios básicos para ser aplicados en los países donde todavía no hay jurisprudencia en ese sentido, y los cuestionamientos que hacen estos países a la importancia de las leyes de libre acceso a la información y a la universalidad de aplicación de las mismas. “Esto se constituye en una seria amenaza a los esfuerzos que se han hecho para llegar a donde estamos, cuando lo que deberíamos es estar completando la parte que nos falta, relativa al cumplimiento de las legislaciones existentes y su reforzamiento para que las partes oscuras sean aclaradas, y los funcionarios públicos entiendan que es a ellos a quienes más les conviene tener las cuentas claras”, dice.
Citó como ejemplo que en Ecuador hay una ley de libre
acceso a la información y se creó una Oficina de Transparencia
Gubernamental, pero el mismo gobierno dicta resoluciones prohibiendo a los funcionarios
dar entrevistas, clasifica los medios a los que se les puede dar información,
concentra las noticias en los periodistas del sector oficial y sólo ofrece una
parte de las informaciones relacionadas con contrataciones públicas.
En tanto que el mexicano Eduardo Bohórquez precisó que no
basta con que los países tengan una ley de libre acceso a la información si no
cuentan con base de datos y archivos claros y transparentes con los cuales
puedan los periodistas avalar las informaciones.
“No es que se entreguen documentos fríos y confusos, es
que se debe contar con una verdadera base de datos que permita a los
periodistas estudiar la información y extraer sus conclusiones. No es, por
ejemplo, identificar a una o dos personas que reciben subsidios del Gobierno,
no. Es entregar el listado completo para que se pueda ver quiénes están ahí que
no deberían estar. Eso es transparencia”, explicó.
Al esquematizar el problema comentó que es como si se
tuviera un rompecabezas con todas las piezas, pero desarmadas porque no se sabe
a ciencia cierta dónde es que encajan.
A su parecer, ese gráfico se arregla con voluntad
política, con un verdadero sistema de fiscalización, con el control de la
impunidad, con auditorías ciudadanas y con la persistencia, de parte de los periodistas,
en la lucha por el reconocimiento del derecho a la información, que es la cuna
de protección del resto de los derechos humanos.
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