Lic. Danilo Medina ante a la
Asamblea Nacional en el 169 aniversario de la Independencia Nacional.
Honorable Señor Presidente de la
Asamblea Nacional,
Dr. Reinaldo Pared
Pérez;
Honorable Señora Vicepresidenta de
la República,
Dra. Margarita Cedeño de
Fernández;
Honorable Señora Primera
Dama,
Licda. Cándida Montilla de
Medina;
Honorable Señor Presidente de la
Suprema Corte de Justicia,
Dr. Mariano Germán Mejía;
Honorable Señor Presidente del
Tribunal Constitucional,
Dr. Milton Ray Guevara;
Honorable Señor Presidente del
Tribunal Superior Electoral,
Dr. Mariano Rodríguez;
Honorable Señor Presidente de la
Cámara de Diputados,
Lic. Abel Martínez
Durán;
Honorable Señor Presidente de la
Junta Central Electoral,
Dr. Roberto Rosario Márquez;
Honorable Señora Presidenta de la
Cámara de Cuentas,
Dra. Licelott Marte de
Barrios;
Su Excelencia Reverendísima,
Monseñor Józef Wesolowski,
Nuncio Apostólico de Su Santidad
Benedicto XVI y Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República
Dominicana;
Señores Ministros;
Honorables Miembros del Cuerpo
Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales acreditados ante el
Gobierno de la República Dominicana;
Honorables Miembros de la Asamblea
Nacional;
Autoridades Civiles y Militares;
Invitados Especiales;
Señoras y Señores;
Pueblo dominicano:
Tengo
el honor de presentarme, ante esta honorable Asamblea y ante el pueblo
dominicano, en ocasión de la celebración del día de nuestra independencia
patria, para realizar mi primera rendición de cuentas como Presidente de la
República Dominicana.
Esta
es una ocasión solemne que me honra especialmente realizar este año, en que
celebramos el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, libertador de
nuestra tierra, ejemplo e inspiración de todos los dominicanos.
Además,
mi honor es doble, porque hoy exactamente, a esta misma hora, en 1963 asumió el
poder el Profesor Juan Bosch mi mentor, maestro y líder. Por lo que, hoy,
también celebramos el 50 aniversario del primer presidente libremente elegido,
después de la dictadura, por el pueblo dominicano.
Un
hombre que con su ejemplo, conducta y carácter se convirtió en el paradigma
moral de la historia contemporánea de nuestro país.
El
amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado junto al profesor Juan
Bosch, es la energía incansable que, incluso en los momentos más difíciles, me
impulsa a seguir trabajando y luchando siempre por nuestra gente. Ahora, desde la
Presidencia de la República, tengo el honor y la satisfacción de poder servir a
este país que siento en mi corazón.
Y
las acciones que realizamos cada día, pueden estar seguros, no son otra cosa
que el fruto de mi compromiso con el país.
Señores legisladores,
Hoy,
tras haber depositado las memorias de labores de todas las instituciones del
Estado correspondientes al año 2012, estoy de nuevo ante ustedes y ante nuestro
pueblo para rendir cuentas sobre los avances alcanzados y compartir con mis
conciudadanos algunas de las tareas y propósitos que hemos emprendido desde el
16 de agosto pasado.
Aun
nos queda mucho camino por recorrer juntos, pues ningún programa de gobierno se
completa en 6 meses. Pero ya puedo hablarles de un gran número de acciones que
se han realizado, de otras que están en marcha y de algunas que no han
comenzado, pero ya tienen fecha de inicio y pronto se harán realidad.
Amigos y amigas,
El
rumbo que nos trazamos desde el principio es claro y no ha cambiado. Las
personas, el pueblo dominicano, son el centro de todas las políticas. Partiendo
de ese rumbo claro, pusimos como primera prioridad de nuestro trabajo la lucha
contra la pobreza y la desigualdad. Esa es nuestra meta inmediata más
importante y la condición sin la cual todas las demás políticas y
proyectos no tendrán sentido.
Veamos
ahora en qué se ha traducido esa intención de que las personas sean el centro
de todas las políticas.
En
primer lugar, se ha traducido en presupuesto, en asignación de recursos. Hemos
diseñado un presupuesto anual en línea con las metas del programa de gobierno,
que se traducirá en mejores servicios y atención a las personas. Dicho de otra
forma, estamos invirtiendo en nuestra gente como nunca antes.
Eso
tiene amplias implicaciones, algunas de ellas las conoce muy bien el pueblo
dominicano.
Significa,
en primer lugar, que hemos cumplido el compromiso de asignar al menos el 4% del
PIB para la educación preuniversitaria y elevar la asignación para la educación
superior. Y con ello se persiguen dos fines al mismo tiempo: cumplir lo que
manda la ley, que es el más sagrado deber de todo gobernante, y empezar a
enderezar el rumbo de nuestra educación, tan mal calificada por las
evaluaciones internacionales.
Hoy,
puedo decir con orgullo y satisfacción que la vieja aspiración de la sociedad
dominicana, de que se asigne el 4% del PIB a formar a sus hijos, es una
realidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a nuestro pueblo por
este logro, que nos pertenece a todos.
Ahora
estamos concentrando nuestro empeño en asegurar que esos mayores recursos se
usen para tener impactos tangibles sobre la calidad, equidad y cobertura
de nuestro sistema educativo y evitar que sean absorbidos por la ineficiencia o
cualquier práctica incorrecta.
Estamos
ante una oportunidad pocas veces vista en nuestra historia para impulsar una
verdadera transformación del sistema educativo.
Parte
de esa transformación es también la puesta en marcha del más ambicioso Plan
nacional de alfabetización de nuestra historia: “Quisqueya Aprende Contigo”. Un
esfuerzo de todo el país que hará posible que más de 850 mil jóvenes y adultos
tengan la oportunidad, en los próximos dos años, de integrarse al sistema
educativo y hacer realidad su derecho a la educación.
El
pasado 16 de agosto les prometí que el plan se iniciaría el 7 de enero. Hoy, 40
días más tarde, hay 100 mil personas que acuden a sus núcleos de aprendizaje,
en todo el territorio nacional, y alrededor de 7 mil alfabetizadores
voluntarios los orientan en su formación. Al concluir el año habremos logrado
incorporar al menos medio millón de personas analfabetas, con más de 30 mil
alfabetizadores.
Expreso
mi reconocimiento a todos los entes gubernamentales, los senadores, diputados,
autoridades municipales, universitarios, dirigentes de organizaciones de la
sociedad, autoridades religiosas, a la cooperación internacional y a todos
quienes con su esfuerzo están haciendo realidad esta hermosa gesta nacional.
Pocas
veces hemos vivido una iniciativa tan plural y unitaria. Estamos mostrando que
juntos podemos lograr metas que parecían imposibles. Exhorto a nuestra juventud
a continuar incorporándose como voluntarios.
Invito
a todos los jóvenes o adultos no alfabetizados a dar un paso adelante, a
aprovechar esta oportunidad única para una vida mejor para su familia y su
comunidad. Ustedes son los verdaderos héroes, y así los reconoce la sociedad.
Todos,
unidos, vamos tejiendo las redes de solidaridad que cubren cada rincón de
nuestra patria. Ahora es la oportunidad. Que ninguna persona se quede sin
aprovecharla.
Quiero
anunciar también que, en pocos días, presentaremos al país otro importante Plan
Nacional, esta vez destinado a proteger nuestro bien más preciado: nuestros
niños y niñas.
Vamos
a ampliar considerablemente la cobertura y protección de la infancia de cero a
5 años, para acompañar y apoyar a las familias en el desarrollo de sus hijos
durante esa etapa crucial de la vida. Queremos asegurarles atención integral,
incluyendo protección, nutrición, salud, educación, afecto y estimulación
psicomotora, que les permitan desarrollar todas sus capacidades. Vamos a
impulsar una nueva generación de dominicanos y dominicanas.
Ellos
son hoy la felicidad de nuestros hogares y serán mañana quienes llevarán sobre
sus hombros a la nueva República Dominicana. En el presente año construiremos
100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos 100 Centros Comunitarios y sus
redes familiares.
Al
concluir el actual periodo gubernamental, contaremos con 330 estancias
infantiles y mil 100 Centros Comunitarios con sus redes familiares, que
atenderán a 426 mil familias y 528 mil niños menores de 5 años. Esto será más
de 5 veces la capacidad acumulada en toda la historia del país.
Simultáneamente
ampliaremos, en este periodo, la disponibilidad de educación pre- primaria
hasta más del 90% de los niños de 5 años de edad, lo que significa sumar casi
200 mil niños al sistema educativo.
Con
el impulso entusiasta del despacho de la Primera Dama de la República, estamos
desarrollando una red de 5 Centros de Atención Integral para niños de 0 a 10 años con discapacidades,
en diversas regiones del país. El primero de ellos ya se está construyendo e
iniciará su funcionamiento este mismo año, respondiendo así a una necesidad muy
sentida de nuestra sociedad.
Hemos
comenzado a implementar también otro de nuestro principales compromisos con la
educación: me refiero a la tanda extendida. A la fecha, más de 33 mil alumnos
ya se han incorporado a ese sistema con éxito, y nuestro objetivo es que el
próximo agosto esa cifra ascienda a 200 mil.
Para
que el proyecto fuera posible, se decidió duplicar el presupuesto destinado a
alimentación escolar. Concretamente, dicho presupuesto para este año será de
casi 6 mil millones de pesos, lo que hará posible, no solo sumar a los nuevos
alumnos de la tanda extendida que recibirán desayuno y almuerzo, sino también
incrementar la calidad de raciones alimenticias.
Esto
va a permitir que cerca de un millón y medio de niños y adolescentes del nivel
inicial y básico, reciban una alimentación en el desayuno adecuada a los
estándares internacionales, establecidos por el Programa Mundial de
Alimentación de Naciones Unidas.
Paralelamente,
se puso en marcha la construcción de 10.000 aulas y sus respectivas cocinas y
comedores. Esta iniciativa de edificaciones escolares, señoras y señores, no
solo es pionera por el número de obras que se van a realizar en un año, sino
también porque, por primera vez, la asignación se realizó mediante sorteos
públicos, abiertos y transparentes, que han beneficiado con contratos a 919
ingenieros de toda la geografía nacional. Y a ninguno de ellos se le preguntó
el color de su partido.
Muchos
de esos hombres y mujeres nunca antes habían recibido una obra del Estado y eso
ha significado un gran cambio en sus vidas.
Es
importante hablar de las cocinas y comedores, si me permiten el paréntesis,
porque esas instalaciones garantizan la salubridad de la alimentación y la
dignidad de nuestros hijos, al recibir su comida en lugares bien
acondicionados.
De
la misma forma, el programa de alimentación escolar se está esforzando en
comprar los insumos a nuestros productores y en promover la asociación y
participación de las familias, contratando mano de obra local; porque no solo
es una forma de darles una dieta saludable a nuestros niños, sino también la
manera de apoyar los ingresos de sus padres y madres.
El
programa se completará en fechas próximas con la elección del “Pupitre
dominicano”. El concurso que convocó el gobierno ha recibido ya alrededor de
480 propuestas que pronto serán evaluadas para anunciar el ganador. Podemos
decir, con mucho orgullo, que las próximas generaciones estudiarán en un
pupitre diseñado y producido por manos dominicanas.
También,
se abrieron las puertas del colegio Comunitario Tecnológico en San Luís, obra
que fue finalizada por la administración anterior, para fortalecer la formación
técnica y profesional de la juventud.
Nuestro
compromiso con la gente se refleja, no solo en educación, sino también en forma
de programas de apoyo directo a las familias que más nos necesitan.
Por
poner solo un ejemplo, en los últimos meses 15 mil nuevas familias se
integraron al programa Progresando con Solidaridad, que dirige la
Vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño de Fernández. El programa
ahora incluye también orientación permanente, a través de visitas domiciliarias
y la vinculación a servicios del Estado. De esta forma, se acompaña a los
participantes en su proceso de desarrollo durante al menos dos años, con el
objetivo de abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
Dominicanos y
dominicanas,
Si
bien nuestro primer compromiso es con los que menos tienen, y avanzar hacia una
Quisqueya sin Miseria, también estamos fortaleciendo a la clase media, clave
para mejorar la calidad de vida, garantizar la expansión del mercado interno y
la estabilidad política y social.
Sabemos
que una parte importante de nuestras clases medias mantienen un equilibrio
precario entre sus ingresos y sus gastos. Contribuyen, significativamente, con
el pago de sus impuestos y, sin embargo, tradicionalmente, no han tenido acceso
a servicios públicos de calidad y han debido cargarlos a su presupuesto
familiar.
En
definitiva, se han visto obligados a buscar soluciones individuales a
necesidades que deberían ser cubiertas por el sistema público.
Para
darles respuesta, hemos comenzado por elevar la eficacia del gasto público y
garantizar que hasta el último centavo del dinero público se destinará a
satisfacer las necesidades de la gente y a ofrecer servicios públicos de
calidad, que alivien la carga que actualmente soportan las familias de clase
media.
Lo
más importante es garantizar a los ciudadanos que el Estado está para
servirles. Estamos iniciando un nuevo esquema de gestión de las finanzas
públicas, con la seguridad de que vamos a evitar gastos innecesarios e
irracionales. Todo esto es fundamental para hacer que los dominicanos y
dominicanas se sientan identificados con su Estado, que lo perciban como algo
suyo, porque contribuye a satisfacer sus necesidades.
En
definitiva, es nuestra forma de dar ejemplo y mostrar con resultados que
financiar al Estado no es botar el dinero.
La
salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los servicios que hemos
comenzado y que vamos a seguir profundizando.
Quiero
compartirles un solo dato que resume los resultados del complejo trabajo de
reestructuración de la atención primaria y especializada que está realizando el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: En estos seis meses hemos
duplicado el total de servicios prestados a la población a través de la red
pública de salud.
En
el presente año pondremos en funcionamiento 70 nuevas Unidades de Atención
Primaria y 19 Centros de Diagnóstico del primer nivel, con una inversión de
alrededor de 200 millones de pesos.
Estamos
en proceso de remodelar y ampliar, con más de 300 camas, la Ciudad Sanitaria
Luís Eduardo Aybar, antes conocida como hospital Morgan, para materno infantil,
para quemados e internamiento general.
En
la Ciudad de la Salud, en Villa Mella, obra que fue concluida por la
administración anterior, este año abriremos 150 camas pediátricas, 150 camas de
maternidad y 150 de hospital general, además de inaugurar el nuevo hospital
Oncológico en el Distrito Nacional, que también fue concluido por la
administración anterior.
Por
otra parte, abriremos este año los pequeños hospitales de Partido en Dajabón,
Baytoa y Hato del Yaque en Santiago, y el de Salinas en Barahona. Junto a
estos, estamos invirtiendo en el mejoramiento de la planta física y
equipamiento de 16 hospitales adicionales.
Nuestro
compromiso con la reducción de la mortalidad materna e infantil también se ha
plasmado en acciones concretas: Intensificamos los servicios de urgencias
obstétricas en los hospitales priorizados y se puso en funcionamiento una nueva
unidad de perinatología en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, así
como salas de cirugía pediátrica en diferentes centros.
Nuestra
meta es que no muera una madre, ni un solo infante, por falta de atención
adecuada.
Por
otra parte, hemos eliminado los cobros a los pacientes en 36 hospitales y,
antes del final de este año, se eliminarán en la gran mayoría de los centros de
salud del país. El Estado ha dispuesto la asignación de 400 millones de pesos
para suplir lo que antes se cubría con esa cuota.
Actualmente
se está diseñando el Fondo para Enfermedades de Alto Costo, o enfermedades
catastróficas, que entrará en vigor este año. Así, vamos a reducir el impacto
negativo de los costos sanitarios en el presupuesto de las familias pobres y de
clase media. Ya se le han asignado 500 millones de pesos, los cuales serán
progresivamente ampliados, al tiempo que se desarrollan los mecanismos para
asegurar su correcta administración y gestión, mediante una coordinación entre
el Ministerio de Salud y SENASA.
Junto
a estas medidas, la centralización de compras de medicamentos a través de
PROMESE/CAL, contribuye a una mayor transparencia y a que el acceso a la salud
no sea un lujo, sino cada vez más un derecho de nuestro pueblo.
Además,
hemos avanzado en nuestro compromiso de tener, al menos, una Farmacia del
Pueblo en cada municipio del país. A la fecha ya se han abierto 18 nuevas
farmacias y está previsto que este año abran sus puertas las 52 restantes
para completar esta promesa.
Simultáneamente,
reitero el compromiso de nuestro Gobierno para lograr que el Seguro Familiar de
Salud ofrezca los mejores estándares de calidad y atención sanitaria a la
población. De esta forma, contribuimos efectivamente a reducir la pesada carga
de las atenciones de salud en el presupuesto familiar.
Reitero,
así mismo, nuestro compromiso de incluir a 1 millón 300 mil dominicanos más en
el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud en el presente periodo y, en
consonancia con esa decisión, este año aumentamos su presupuesto en más de 23%,
para acercarnos progresivamente a nuestra meta.
Señores legisladores,
Invitados especiales,
Les
dije que gobernaría para todos y todas, sin distinción de colores partidarios,
y así lo estoy haciendo.
Prueba
de ello es el Plan Nacional de Asfaltado que lleva a cabo el Ministerio de
Obras Públicas desde nuestro primer día de gestión, en coordinación con todos
los municipios y distritos municipales del país, independientemente del partido
que los dirija.
Con
todos ellos, el Ministerio se ha reunido para escuchar sus necesidades de
asfaltado y facilitarles material, combustible e incluso maquinaria y mano de
obra cuando la precisan, para asfaltar sus calles.
En
todo el país estamos viendo como avanza esa labor y ya se han rehabilitado 230 kilómetros de
carreteras, calles y avenidas. Además, el Ministerio está interviniendo en
cerca de 1.500
kilómetros de carreteras y caminos en todo el territorio
Nacional.
Como
saben, la construcción de viviendas populares es otra iniciativa que impulsamos
desde el primer día de gestión, con el objetivo de garantizar un hogar digno a
nuestras familias. En este sector, nuestro trabajo se encamina en dos
direcciones: por un lado, atendiendo los requerimientos de las comunidades que
habitan en zonas de mayor riesgo. Y por otro, trabajando de la mano con el
sector privado para hacer posible el acceso al crédito y la construcción masiva
de viviendas para las clases populares y medias.
En
lo que se refiere a las zonas de riesgo, en estos meses hemos iniciado las gestiones
para dar respuesta a este drama en dos de las zonas que más han sufrido
históricamente los efectos de los fenómenos naturales. Me refiero a La
comunidad de la Barquita y al área del lago Enriquillo.
Del
saneamiento del Lago se va a beneficiar toda la región y, como parte del plan,
está previsto que se reubique a 560 familias. Además, el INDRHI tiene varios
proyectos en marcha en la zona, a fin de controlar los flujos de agua
proveniente del río Yaque del Sur y conducirlos hacia el Mar Caribe. A su
vez, las obras conexas en la cuenca baja de la zona del Sur impedirán que las
aguas del lago crezcan e inunden las comunidades.
Por
su parte, la Comisión para la Readecuación de La Barquita ya está trabajando en
la zona. Fueron finalizados los estudios hidrológicos y de suelo, así como el
censo de los pobladores y sus viviendas. En breve plazo se llamará a una
licitación para el diseño del proyecto y, posteriormente, se contratarán,
mediante concursos públicos y competitivos las obras de infraestructura.
Paralelamente,
el Instituto Nacional de la Vivienda mantiene el proceso de construcción de
proyectos integrales de viviendas de interés social y, desde agosto pasado
hasta ahora, ha terminado mil ocho unidades habitacionales, que fueron
prácticamente concluidas en la administración anterior, distribuidas en 12
municipios y 10 provincias del país. Actualmente, se encuentra en proceso de
licitación pública internacional la construcción de otras 800 viviendas
adicionales, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Estado
Dominicano.
En
lo que se refiere a impulsar proyectos público-privados, la Comisión
Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso estará
lista en los próximos 45 días para llamar a licitación pública y contratar el
diseño del proyecto Ciudad Juan Bosch, que contempla la construcción de 35.000
viviendas en los próximos 7 años.
Para
la ejecución del proyecto, el Estado aportará a un fideicomiso cerca de 3
millones de metros cuadrados de terreno.
Por
su parte, el sector privado, aportando sus propios recursos, financiamiento de
la banca y emisiones públicas que puedan ser adquiridas por los fondos de
pensiones, se encargará de la construcción.
Señoras y señores,
Por
supuesto, no puedo seguir hablándoles de cuidar de la gente sin referirme a la
seguridad ciudadana.
Conozco
y comparto, desde lo más profundo de mi corazón, el dolor y la preocupación de
muchas familias que han sido víctimas de la violencia y la delincuencia en
nuestras calles.
Créanme
si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esta situación.
Hemos
designado una comisión conformada por los Ministros de Interior y Policía,
Presidencia de la República, Procurador General de la República y el Jefe de la
Policía, para que trabajen en la presentación de un plan de seguridad
ciudadana.
Sin
embargo, por su importancia y complejidad, este es un asunto que debe ser
tratado con total responsabilidad y en el que no hay espacio para la
improvisación.
Nuestro
país ya ha pasado por diferentes experiencias que no han dado los resultados
esperados.
Teniendo
esto en cuenta, los equipos de trabajo han tenido que realizar una evaluación
profunda de muchas variables hasta llegar a una propuesta consensuada, sólida y
que dé respuesta a las necesidades reales del país.
Hoy
quiero anunciarles que ese proceso culminó y que en la segunda semana de marzo
le estaremos presentando a la población el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Una
iniciativa integral, que deseamos se convierta en política de Estado y que está
diseñada para atacar de forma simultánea la delincuencia y sus causas
profundas.
También
quiero anunciarles, particularmente a los habitantes de la ciudad de Santo
Domingo, que a partir del día 30 del próximo mes de marzo, pondremos en operación
la Segunda Línea del Metro, en su primera etapa. Las inversiones finales se
están realizando, pues mal haríamos en desaprovechar un esfuerzo de tal
magnitud.
Ahora
quiero referirme también, a una iniciativa del Ministerio de Medio
Ambiente, que está reverdeciendo nuestro país. Solo en lo que va de gestión, se
han plantado en el país 5 millones 885 mil 998 plantas. Es decir, casi seis
millones de nuevos árboles se sumarán a nuestros bosques, priorizando las
cuencas de los ríos Yuna y Yaque del Sur, por su importancia para la producción
agrícola, energética y de agua para el consumo humano.
Además,
en estos seis meses se ha dotado de centros de protección y vigilancia a 5
parques nacionales adicionales, y para el final de 2013 está prevista la
finalización de 12 nuevos Centros, para igual número de Áreas Protegidas.
Distinguidos
asambleístas,
Les prometí un diálogo permanente
con el pueblo.
Les
dije que regresaría a los lugares que visité durante la campaña para cumplir
con la palabra empeñada y que gobernaría siempre con el oído en el corazón del
pueblo.
Ese
es el objetivo principal de las visitas que realizo cada fin de semana a
diferentes puntos del país. Mantener un diálogo permanente y de tú a tú con el
pueblo dominicano. Escuchar y dar respuesta a las demandas reales que me
plantean. Esa es la razón de ser del mandato Presidencial. Esa es para mí la
verdadera política, la que crece de abajo a arriba, como el fruto de nuestra
tierra.
Y
en cada una de esas visitas, tengo siempre presente en mi mente uno de los
compromisos más importantes que he realizado: la creación de 400.000 nuevos
puestos de trabajo dignos.
En
esos encuentros semanales estamos abriendo puertas al empleo. Estamos
identificando, en cada región y en cada pueblo, las necesidades de nuestra
gente, pero también las oportunidades y los proyectos empresariales y de
economía solidaria que solo necesitan un poco de apoyo para salir adelante.
Quiero compartirles que cada una de esas visitas renueva mi esperanza y mi fe
en este país.
Hablo
con las mujeres de la cooperativa la Estrella en Bayaguana, con los productores
de plátano y sorgo de Pedernales, con los de jengibre, de dulce, de bambú, con
los empresarios del sector turístico y pienso: Esa es la Patria a la que
deseamos servir.
¡Cuánto
entusiasmo y energía muestran por sus proyectos, que lo único que requieren es
la mano amiga de un Estado que se preocupe por ellos! Esa es la República
Dominicana que debemos apoyar para seguir creciendo, para hacer realidad
nuestro sueño de un mejor país.
Y
ya hemos dado grandes pasos, pueden estar seguros.
Fruto
de esos encuentros y de la labor del Banco Agrícola en todo el territorio
nacional, el crédito agropecuario se ha reactivado y, con él, la siembra en
nuestros campos.
Les
daré un ejemplo: Sólo con las visitas al Bajo Yuna y a las provincias de Hato
Mayor, Monte Plata y El Seibo se movilizaron créditos que van a beneficiar a
más de mil 500 productores y sus familias.
Somos
conscientes de que el financiamiento al sector agropecuario es clave para el
desarrollo, por eso es y será siempre una de nuestras prioridades
fundamentales.
Entre
agosto de 2012 y mediados de febrero, el Banco Agrícola otorgó 12 mil 334
préstamos, por un monto total de más de 4 mil 300 millones de pesos, que están
favoreciendo a 16 mil productores. La meta para el final de este año es que el
crédito se incremente en un 35%.
Además,
la tasa de interés ha bajado 6 puntos porcentuales, estamos adaptando los
plazos a las necesidades de cada proyecto y los trámites son más ágiles, para
no dejar sin financiamiento a ningún productor que lo necesite.
Por
otra parte, la renegociación de la deuda con miles de campesinos, les permitirá
retomar la actividad productiva sin verse ahogados por los préstamos. Este
esfuerzo se traduce ya en la producción de más de 600 mil tareas de tierras
agrícolas y ganaderas, además del desarrollo de otras iniciativas, como la
avicultura, apicultura e incluso la agroindustria.
Detrás de estos números está la
gente.
Están,
por ejemplo, los productores de mango de Baní, los de cacao de Hato Mayor,
Monte Plata y el Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla de Vallejuelo, los de
banano de Azua y muchos más que vamos conociendo en cada visita. Estamos
hablando de miles de hombres y mujeres que ahora pueden generar empleo e
ingresos a sus familias.
Es
una auténtica revolución productiva en nuestros campos, que está ocurriendo en
un tiempo récord.
Estamos
empeñados en reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad, que expulsan
a nuestros trabajadores forzándolos a migrar a las ciudades. Por eso impulsamos
una política de desarrollo integral, que nos permita generar empleo, ingresos y
oportunidades en el campo y terminar, así, con la pobreza rural.
El
Ministerio de Agricultura está apoyando todos los procesos con diferentes
iniciativas y muchas de ellas ya están teniendo un impacto importante, como la
preparación de tierras para cultivos de ciclo corto, la distribución de
fertilizantes, cepas, plantas in vitro y semillas, el control de plagas, la
vacunación contra enfermedades del ganado y la construcción de más de 700
huertos comunitarios.
Por
otra parte, además, de la mejora de los caminos rurales que ya mencioné,
estamos contribuyendo a reducir el impacto de las sequías con la perforación de
320 pozos tubulares y la construcción de más de 52 lagunas en las zonas
ganaderas del país.
Es
importante recordar que esta fuerte dinamización del campo tiene también un
notable impacto en el empleo temporal.
Miles
de personas se ocupan, por ejemplo, de la reparación de caminos y canales,
transporte y distribución de materiales, control de plagas, labores de poda,
fertilización, aplicación de pesticidas, etc.
Paralelamente,
para facilitar el comercio de nuestros productos a precios ventajosos, tanto
para los productores como para la población, estamos creando una red de
mercados que ofrece servicios de logística según estándares internacionales.
Estamos poniendo en marcha el Merca Santo Domingo, que es una obra que dejó
finalizada la administración pasada, y pronto iniciaremos la construcción
del Merca Cibao en Santiago, así como una red de nuevos mercados minoristas y
un matadero regional en el Este.
Quiero
mencionar también el proyecto de reconversión de la agricultura en el Valle de
San Juan, recientemente anunciado. Esta iniciativa nos permitirá evolucionar de
los cultivos tradicionales de escaso valor hacia una agricultura mucho más
rentable y competitiva.
Nuestro
objetivo último es incrementar la producción de los rubros más importantes de
la canasta básica familiar, y garantizar así la soberanía alimentaria del país,
además de fomentar la exportación. En concreto, este año se espera una cosecha
de 10.6 millones de quintales de arroz, 962 mil quintales de maíz, mas de 500
mil quintales de leguminosas, 6 millones de quintales de raíces y tubérculos, y
casi 9 millones de quintales de hortalizas.
Por
su parte, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se le asignó
una partida extraordinaria de 125 millones de pesos para el último cuatrimestre
del 2012, y este año cuenta con mil millones de pesos, lo que le ha permitido
multiplicar su labor en las comunidades.
Ya
ha llevado a más de 80.000 familias recursos para la producción de alimentos y
construcción de pequeñas obras de infraestructura productiva, como
invernaderos, apiarios, granjas de aves, estanques piscícolas, etc.
De
esta forma incorporamos a miles de familias de bajos recursos a la
actividad productiva y al progreso.
De
la misma forma, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el INDRHI y los
organismos de agua potable trabajan sin descanso en la recuperación de más de 3
mil kilómetros de zonas de riego, y en la mejora del servicio de agua, como
parte de un esfuerzo colectivo, para elevar las condiciones de vida en las
zonas rurales.
El
INDRHI tiene obras en ejecución para este año por valor de más de 5 mil
millones de pesos. Mientras que La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (CAASD), ejecutará alrededor de mil quinientos millones más.
Solo
en los últimos seis meses, la corporación ha logrado incrementar el volumen de
agua que diariamente recibe la población en 47 millones de galones, logrando
beneficiar a casi 600 mil habitantes. En adición ha terminado 27 proyectos más,
que han mejorado el servicio de agua potable para 1 millón 600 mil personas del
Gran Santo Domingo.
Señoras y señores,
No
puedo hablarles del desarrollo del campo sin referirme a un asunto fundamental:
La propiedad de la tierra. Sabemos que ese derecho a la propiedad es el primer
paso para alentar la producción.
Tenemos
el firme compromiso de titular, a través de la Comisión Permanente de
Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales
antes de que finalice el primer semestre de este año. Además, vamos a entregar
alrededor de 15 mil títulos adicionales al final de segundo semestre de 2013,
es decir, finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto
permitirá a miles de familias poner fin a años de incertidumbre, acceder a
créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les pertenece. La meta para
los próximos 4 años es titular más de 150 mil inmuebles entre terrenos
agropecuarios y viviendas sociales.
Sin
embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar el gobierno en solitario.
Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder Judicial dominicano. Para
que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos
de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos
de titulación. Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar
la seguridad jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.
Señoras y Señores
De
esta forma, con todas estas medidas estamos, poco a poco, cambiando el rostro
del campo dominicano.
Y
en paralelo con el desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de
nuestro crecimiento:
Me refiero al sector turístico.
En
2012, y a pesar de las condiciones económicas adversas, nuestro sector
turístico registró un crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no
residentes, lo que se tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500
millones de dólares.
En
los últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos turísticos nuevos o que se
han relanzado en el país. Eso da muestra de la buena salud de nuestro sector,
además de la confianza de los inversionistas.
Desde
el gobierno estamos impulsando también proyectos para reactivar el sector, como
el relanzamiento de la ciudad colonial de Santo Domingo y las ciudades de
Puerto Plata y Samaná.
También
estamos apostando con fuerza al turismo de cruceros. Como resultado de los
trabajos que se realizan, durante este año una importante línea iniciará
operaciones de Puerto Base, tocando a La Romana y Santo Domingo y otra línea
más reiniciará, en las mismas condiciones, operaciones que había suspendido.
Esto
implica la apertura de nuevas oportunidades para ofertar bienes y servicios
locales, especialmente productos alimenticios provenientes de la agropecuaria y
la industria nacionales. Para que tengamos una idea de lo que esto significa,
sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió 250 mil dólares semanales en
alimentos y productos dominicanos.
Honorables
Asambleístas,
Estoy
convencido de que una clave para transformar nuestro país, para lograr
crecimiento con justicia social, para incluir a las grandes mayorías populares
en el tejido económico y fortalecer nuestra clase media, es apoyar a nuestros
emprendedores. Especialmente a las MIPYMES, que con un pequeño impulso
pueden convertirse en el sustento de una familia.
Con
este propósito, a las pocas semanas de iniciar el gobierno, se lanzó el
programa más ambicioso que jamás se haya implementado en el país en apoyo a las
MIPYMES.
Con
este plan perseguimos la creación de empleo e ingresos para nuestros
microempresarios mediante la formalización, el acceso a crédito y asistencia
técnica y la participación en los programas de compras del sector público.
Estamos
uniendo todos los esfuerzos para derribar las barreras que se interponen en el
crecimiento de este importante sector.
Así,
por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para facilitar la formalización
de PYMES mediante la creación de una ventanilla única que permite que las
empresas realicen, en un solo lugar, todos los trámites que sean necesarios
para constituirse.
De
la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado para
incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las PYMES.
En
el 2013, las compras gubernamentales al sector están presupuestadas en
aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda,
dinamizará notablemente este sector.
Para
apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios programas de
financiamiento. La recientemente creada “Banca Solidaria” o
"Banco de los Pobres" y el programa PROMIPYME, han aprobado y
desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800 millones de
pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios.
Cabe
señalar que de este total el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo
el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su parte, Banreservas ha aprobado
774 solicitudes y desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación
Banreservas ha aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533
préstamos a microempresarios.
Detrás
de estas cifras hay miles de personas, especialmente mujeres, que durante años
no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera vez, ven realizado su sueño
de tener un pequeño negocio, con el que puedan echar hacia adelante a sus
familias. Es, por tanto, otra herramienta fundamental para la creación de
empleo y oportunidades.
Sin
embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no se limita
únicamente a las MIPYMES.
En
abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, nos
comprometimos a favorecer un entorno competitivo para este sector, conformado
tanto por las industrias que producen para el mercado local, como por aquellas
que lo hacen en las zonas francas para el mercado de exportación.
Cumplir
con este compromiso, no es solo un deber moral, sino también una forma de
apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque significa crear nuevos empleos
formales, incrementar la producción de divisas y reducir las importaciones de
bienes terminados, que se producen ya en la República Dominicana.
Es
por eso que hemos abierto un espacio de diálogo permanente entre los
representantes de estos sectores y los ministerios de la Presidencia y de
Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias medidas que, desde
hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras gubernamentales de
las industrias nacionales.
De
la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del sector de zonas
francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la producción de divisas,
así como el encadenamiento productivo de todas las industrias instaladas en el
país, para crear un entorno de equidad fiscal y competencia armónica, con una
meta común: conquistar el mercado internacional.
Honorables Asambleístas,
Les
hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto un
elemento fundamental en ese camino: el sector eléctrico.
Este
es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el
país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro
gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan
integral para darle una respuesta definitiva.
Tenemos
la voluntad política y esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la
sociedad para deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy
sigue frenando el progreso en nuestro país. Como muchos saben, nuestro sector
eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares
mensuales.
Desde
la crisis de precios del petróleo del año 2008 al 2011, el gobierno ha
transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico un monto promedio
anual superior a los mil millones de dólares.
Esto
significa que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha requerido más de
cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos.
Este
déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el primero de ellos es el
alto costo de generación, debido a que más del 60% de la energía que producimos
proviene de derivados del petróleo.
El
segundo problema son las altas pérdidas de las empresas distribuidoras,
producto tanto del mal estado de las redes como del robo de energía, que se
traduce en cientos de millones de dólares no recaudados cada año.
Y
en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las empresas
del sector que necesitan ser corregidas.
Es
verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en el sector
para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la compra de energía
a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en dos ocasiones entre
2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin
embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos precios de compra de
energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos de los cuales están
determinados por los contratos existentes.
Teniendo
en cuenta todo esto, la estrategia integral que hemos diseñado para el sector
consta de tres pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que
enfrentamos.
En
primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la
capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible
degeneración. Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a
través de fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del
petróleo.
De
acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país, los cálculos
realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener instalada una capacidad
efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa que debemos instalar alrededor
de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando
las actuales tecnologías y combustibles disponibles, estas nuevas facilidades
deberán incluir plantas de ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y
plantas en base a energías renovables, que demandarán inversiones por más de 3
mil millones de dólares, solo en el sector de generación.
En
concreto, nuestro Plan incluye las siguientes acciones, que reducirán el déficit
del sector entre 600 y 800 millones de dólares.
Como
primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los procesos para la
contratación por parte del Estado de la construcción de dos plantas a carbón de
300 MW cada una. Además, vamos a concluir las negociaciones para la
adquisición, y el suministro de gas natural a precios que hagan viable la
instalación de dos Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas
natural.
Simultáneamente,
vamos a facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de
carácter privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en
al menos 600 megavatios más a gas y/o carbón.
Además,
vamos a finalizar los proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que están en
marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con el Programa de Pequeños
Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la construcción de 19
minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos permitirá hacer llegar el
suministro por primera vez a más de 2 mil 100 familias de áreas montañosas del
país.
El
plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de 50 minicentrales, que
llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500 familias de nuestras zonas más
apartadas.
Paralelamente
vamos a invertir alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de
Transmisión.
Esto
incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San
Juan.
La
construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la
Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre otras.
El
segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las
pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un
lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha
de un plan de expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares,
para el cual ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y
Organismos Multilaterales.
Este
plan, que nos permitirá garantizar la calidad del servicio, incluye la
construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y la ampliación del
calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de media tensión.
Sin
embargo, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme, hay un enorme caudal
de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que son, digámoslo claramente,
producto del hurto y de la irresponsabilidad de los usuarios.
Y
en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos los dominicanos y
dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará mientras no tomemos conciencia,
cada uno de nosotros, de la importancia de nuestra contribución.
Es
cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores de escasos recursos, que
necesitan ser subsidiados para recibir energía. El gobierno va a continuar
apoyando a esos sectores, no les quepa duda a nadie.
Pero
también es cierto que hay otros muchos usuarios, que podrían pagar por el
servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de los recursos.
Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían ser invertidos en
nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en abaratar costos, y que sin
embargo, se quedan cada año en los bolsillos de usuarios, que maliciosamente,
deciden no pagar.
No
podemos permitir, que esa situación de impunidad continúe. Es necesario
afrontar este asunto con responsabilidad. Ya no sirve la excusa, de que el
servicio no es bueno, y por eso no lo pago. Desde el gobierno estamos decididos
a romper esa espiral, pero necesitamos también, que se genere un cambio de
actitud, en la cultura de la población.
Nos
comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones necesarias. Vamos a mejorar
el suministro, la atención, y los costos de generación, pero también vamos a
reforzar la vigilancia, para terminar con los abusos.
La
meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas del 36% actual a un 25% al
final del año 2016.
Para
que se hagan una idea de lo que perdemos anualmente, por aquellas
personas que consumen energía y no la pagan, solo esa reducción del 11% en las
pérdidas, significará una recaudación adicional de cerca de 200 millones de
dólares anuales.
Las
acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos frentes fundamentales: en
primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma de Tele-medición en
las Distribuidoras, que incluirá un software de última generación, así como la
instalación de 500 mil nuevos tele-medidores y 43 mil equipos de medida
para macro-mediciones. Esto permitirá, monitorear y controlar la energía
servida a los clientes industriales, comerciales y residenciales, localizados
en los grandes centros urbanos de todo el país.
En
segundo lugar, rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos 700,000
nuevos medidores a clientes ubicados en circuitos suburbanos y municipios donde
se registran los mayores niveles de pérdidas del país. Aplicaremos soluciones
técnicas y comerciales, para reducir el fraude y ampliar la continuidad del
servicio a 24 horas, apoyados en una gestión social, enfocada en educar y
comprometer a las comunidades, con el cambio de cultura del pago del servicio
eléctrico.
Toda
esta transformación implicará comprometernos con un plan de inversión de cuatro
años, a razón de 145 millones de dólares por año, que será agenciado, con la
banca multilateral y agencias de exportación.
Por
último, el tercer pilar del plan integral para el sector eléctrico, la mejora
en la gestión de las empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos
fundamentales: comercial, financiero, tecnológico y legal. Las reformas abarcan
desde mejoras en la recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias
para maximizar la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras
tecnológicas y creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la
ley.
En
definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes para la completa
modernización del sector.
Nuestro
objetivo es que al final del periodo presidencial podamos dar por resuelto este
problema de forma definitiva y encarar una nueva etapa para el desarrollo en
nuestro República.
Honorables asambleístas,
Dominicanos y
Dominicanas,
Quiero
darles ahora algunas pinceladas sobre el contexto macroeconómico que vive
nuestro país y que, si bien nos plantea importantes retos, también es motivo de
optimismo para nuestro gobierno.
A
pesar de las dificultades originadas en el entorno internacional, nuestro país
cerró el año 2012 con un crecimiento cercano a 4%, superior al promedio de 3.1%
que alcanzó América Latina según estimaciones de la CEPAL.
Desde
el gobierno reiteramos hoy nuestro propósito de trabajar sin descanso para que
la economía siga creciendo, y también para garantizar que sus frutos se
distribuyan equitativamente.
Es
importante resaltar que prácticamente todas las economías del mundo vieron
enfriarse su crecimiento en 2012, incluyendo China y la India, que parecían
invulnerables. Afortunadamente las últimas noticias provenientes de los EUA,
Europa y Asia apuntan hacia cierto mejoramiento durante el 2013.
Varios
sectores tuvieron en 2012 un desempeño positivo, destacando la minería
que creció 42%. Energía y agua, que aumentó 7.7%. Intermediación financiera con
7.3%. Salud, con 5.9%. Enseñanza con 4.5%. La agropecuaria, con un incremento
de 4.1%. El comercio con 4%. Transporte 3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes,
que creció lo mismo que el sector comunicaciones, 3.2%.
Fruto
de ese desempeño, el PIB per cápita de la República Dominicana alcanzó un nivel
de 5 mil 762 dólares y, así, el producto total dominicano, es el más alto de la
región de Centroamérica.
La
inflación fue de 3.9%, la más baja de los últimos veinte años y, aunque en 2013
subirá algo como efecto inmediato de los ajustes impositivos que fueron
aprobados, se espera que no supere el 5%, por el firme compromiso de la actual
gestión con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Como
una forma de estimular la economía, y considerando la baja tasa de inflación,
la autoridad monetaria viene aplicando, cuidadosamente, una política de
reducción de las tasas de interés de referencia, influyendo sobre las tasas
bancarias y fomentando así la reactivación del crédito al sector privado, a
partir del segundo semestre del año pasado.
En
efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 2012, los préstamos al sector
privado, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, aumentaron en casi
31 mil millones de pesos, revertiéndose la tendencia a la baja que se había
observado durante la primera parte del año anterior.
Pese
al lento crecimiento económico de la UE y los Estados Unidos, las exportaciones
dominicanas lograron crecer durante 2012, superando los 9 mil millones de
dólares que, si bien no es suficiente para corregir el déficit externo,
constituye el mayor nivel en la historia dominicana.
Es
importante destacar el repunte que están experimentando las Zonas Francas, que
reportaron exportaciones cercanas a los 5 mil millones de dólares, mostrando la
clara recuperación, fruto de una mayor diversificación del sector.
Las
remesas, sin embargo, sufrieron una leve reducción de 1.3%, debido,
fundamentalmente, a la situación de desempleo que registran los países europeos
donde residen muchos dominicanos, como es el caso de España.
A
pesar de ello, los recursos recibidos de los dominicanos en el exterior
ascendieron a 3 mil 158 millones de dólares en 2012.
Desde
hace algún tiempo, el sector financiero se mantiene fuerte y en crecimiento,
pues se adoptaron las decisiones para fortalecer la regulación y vigilancia, de
modo que hoy exhibe altos niveles de capitalización, estabilidad, solidez y
solvencia.
Sus
activos totales se incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus clientes registran
niveles de morosidad o atrasos de apenas 3.4% y la solvencia consolidada de
todos los intermediarios financieros es de 18.2%, muy superior al 10% que
exigen los estándares internacionales.
El
gobierno ha mostrado desde el primer día su actitud responsable en el manejo
macroeconómico y aplicó a partir de agosto una política de control y
racionalización del gasto, que permitió que de septiembre en adelante las
erogaciones se redujeran casi la mitad con respecto al nivel que mantenían en
los meses previos.
La
nueva administración ha emprendido una lucha frontal contra el déficit
presupuestario, para alejar el fantasma de la inestabilidad macroeconómica.
La
gestión financiera del Estado Dominicano se está transformando, para que no siga
siendo vista con recelo por los organizaciones internacionales y por nuestros
propios ciudadanos. Es preciso someter a las instituciones públicas a un
proceso de reingeniería para que desarrollen la capacidad necesaria para
impulsar esta visión. Tenemos que cambiar los hábitos y actitudes entre nuestra
burocracia, y yo estoy vigilando para que así se haga.
Señoras y señores
Nuestro
gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica
para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana inversión extranjera para
estimular el crecimiento del ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y
la generación de divisas, en economías emergentes como la nuestra.
En
este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses se viene
debatiendo en el país, y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos,
y líderes de la sociedad dominicana han estado reclamando una definición del
Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado dominicano y la empresa
Barrick Pueblo Viejo.
La
inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es
la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda la historia.
Se
estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares,
monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado dominicano
contrató con la SGS de Suiza.
Estoy
convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería
responsable, y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger
nuestro medio ambiente.
Dicho
lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece atención
especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo:
los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado,
luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado
niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como
consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre
provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
El
25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la explotación del
oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome, el precio del oro en
el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza.
Ese
contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta
empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la compra de las
acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.
El
27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de carta dirigida a
la Ministerio de Industria y Comercio, la flexibilización de los aspectos
fiscales del contrato que el Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día
el precio del oro cerró en 732 dólares la onza.
A
pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el
Contrato original con Placer Dome, mostrando una actitud de apertura y
flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de negociación con la empresa Barrick
Gold, para revisar los aspectos fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El
11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato
con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal
del contrato.
Como
acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el
pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos
cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis
financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios
de la década.
El
hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más alto que el de
marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.
Fue
eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la República el
pasado 16 de agosto del 2012,
a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la
coordinación del Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar
conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El
objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido
en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del
oro en el mercado de Londres.
Decenas
de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se
haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer
las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos,
entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro.
A
lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el
pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el Gobierno actual estaría
apropiándose de recursos que le corresponderían a las próximas
administraciones.
Que
no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación como la planteada
por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios
éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra administración.
Bajo
el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la
explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares
la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo
obtendría ingresos netos de costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares
en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1
millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la
empresa estaría recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca
antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso en el cual una
empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras
el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante
esos primeros años.
De
los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el Gobierno
dominicano apenas recibiría 56 millones de dólares.
En
otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de
la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo dominicano
tres.
Dominicanas y
dominicanos.
¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy
consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este
resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían
prever, lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis
financiera global que estalló en septiembre del 2008.
Pero
la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias ahora son muy
diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del
contrato durante los primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con
todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y
dominicanas,
Yo, Danilo Medina, les aseguro que
eso no sucederá.
Quiero
hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para
que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema
actual de distribución de ingresos, luego del alza en los precios del oro en el
mercado mundial, es inaceptable.
Hasta
ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y más para un
gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra
gente las urgencias de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar
sus condiciones de vida.
Si
la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente que ha
exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado
un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que
establecerá un Impuesto sobre los Ingresos Inesperados de las empresas
exportadoras de minerales, el cual gravará, con una tasa justa, el excedente
entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en
que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los
minerales.
Ese
precio se fijará en función de los precios vigentes en los tiempos en que los
contratos originales fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas
dedicadas a la explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos
inesperados liquidado operaría como un crédito para el pago del impuesto de
participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75%.
Los
ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión
social y al combate de la pobreza.
Estoy
seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los
legisladores de todos nuestros partidos políticos presentes en esta Asamblea
Nacional.
Sé
que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad
fiscal durante la vigencia de los mismos que impiden la creación de nuevos
impuestos que las afecten.
Mi
respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la introducción del
nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado
a la empresa. Lo que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el
valor del contrato, generado por el alza inesperada de los precios, asignándole
un porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto a la
empresa.
Segundo,
al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de
cláusulas de estabilidad fiscal, en nuestro caso las decisiones que hayan
tomado los Poderes Legislativos en el 2002 y el 2009, no pueden atar de manos
al actual ni a los futuros Congresos que elija el pueblo dominicano, pues esto
violaría los derechos de soberanía.
No
es por casualidad que Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no permiten la
inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de explotación petrolera y
minera.
Y
tercero, el contrato inicial con Placer Dome contenía cláusulas de estabilidad
fiscal similares y el Gobierno, a solicitud de la Barrick Gold, accedió a
sentarse en la mesa de negociaciones para modificarlo a favor de la empresa.
Ahora,
que los elevados precios favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la
empresa en los primeros años, corresponde a la empresa aceptar la invitación
del Gobierno para que, por mutuo acuerdo, modifiquemos la distribución de los
ingresos que generará la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las
modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y
de minerales han sido la regla y no la excepción en el mundo minero, a raíz de
los aumentos inesperados de precios que han tenido lugar en los últimos años.
Lo
que el Gobierno dominicano está requiriendo, no es algo muy diferente a los
cambios fiscales ejecutados en: Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y
2006, en Australia en 2008, en Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007,
en China en 2006, en Ecuador en 2006, 2007 y 2008, en India en 2008, en
Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en
Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia
en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002
al 2008, en Vietnam en 2008, y en Zambia en el 2008.
No
somos, por tanto, los únicos que estamos reclamando una mayor justicia
distributiva de los beneficios generados por la explotación de los recursos no
renovables.
Señoras y señores;
Quiero
que me escuchen bien: El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte,
Sánchez, Mella y Luperon, es del pueblo dominicano.
¡De nadie más!
Y
sólo podrá ser extraído, procesado y exportado, si las condiciones de
distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no
renovable, son justas y favorables para las dominicanas y los dominicanos. Y en
los actuales momentos no lo son.
De
todas formas, les repito, el Gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor
clima para la inversión nacional y extranjera.
Distinguidos Legisladores
Estamos
probando, con los hechos, que las políticas económicas y sociales pueden y
deben caminar de la mano y en armonía. Les dije muchas veces que la mejor
política económica es el combate a la pobreza. Que la protección social no está
reñida con la eficiencia y la responsabilidad fiscal. Y estamos dando muestra
de que es posible encontrar ese equilibrio.
Paso
a paso, vamos sentando las bases para un nuevo modelo de desarrollo, centrado
en mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades, para
alcanzar un crecimiento más estable y más justo.
Es
cierto que el camino del desarrollo es largo, y a veces difícil de transitar,
pero estén seguros de que en nuestra gestión se crearán las condiciones para
avanzar con pasos firmes.
A todo el pueblo dominicano le
digo:
Tengan
confianza. Tengan esperanza y optimismo, porque estamos cada vez más cerca de
nuestros sueños.
En
estos 6 meses hemos trabajado como prometimos, con el oído en corazón del
pueblo, con el mejor espíritu de servicio y siempre desde el amor a nuestra
patria.
Señoras y señores,
Les
dije durante la campaña que cada maestro tiene su librito. Es decir, que
establecería mi propio estilo de gobierno y que renovaría la política
dominicana.
Los
que me conocen bien saben que yo prefiero hablar con hechos, más que con
palabras. Y así es como quiero hacerle llegar a la gente mi sincero compromiso
con el mandato presidencial que me otorgaron.
Así,
con acciones y predicando con el ejemplo, hemos mostrado nuestra voluntad de
liderar un gobierno responsable, coherente y comprometido con el comportamiento
ético y el respeto a la ley.
Hemos
establecido también un rumbo claro y una voluntad férrea de cumplir con lo
escrito en nuestro programa de gobierno.
Hemos
dado prueba de nuestra vocación de servicio y de nuestro compromiso con las
demandas del pueblo.
Hemos
reafirmado nuestra vocación de ser un gobierno de unidad, defensor de la
democracia y que trabaja para todos por igual.
Y
con ese ejemplo queremos seguir entusiasmando a todo el país.
Dominicanos y
dominicanas,
Sé,
porque lo siento en las calles y en las comunidades que visito, que una nueva
esperanza está creciendo en nuestro pueblo.
Es
una luz que se ha encendido en nuestros corazones y que nos dice que “hacer lo
que nunca se ha hecho” no es solo una frase.
Es,
cada día más, una realidad que se está abriendo paso, a través de las
dificultades y de los obstáculos, para mostrarnos que se puede hacer política
de otra forma, que se puede transformar un país, que se puede soñar y hacer
realidad esos sueños.
Nace
un nuevo país, que sabe que es posible, hacer una revolución pacífica y
democrática. Que es posible, revolucionar la calidad de nuestra educación. Que
es posible, revolucionar nuestra producción energética, nuestra agricultura,
nuestra industria y nuestro turismo.
Sabemos
que el camino es largo, que no serán pocas las batallas que tengamos que
librar. Pero les digo: también las libraron nuestros héroes y libertadores.
También sufrieron y esperaron, pero nunca se apartaron de su rumbo.
Podemos
y debemos ser optimistas, esforzarnos cada día por superar las dificultades y
aprovechar las oportunidades.
Cuento
con todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad para seguir
conquistando nuevas metas de equidad, prosperidad, paz, libertad y felicidad
para nuestro país.
Cuento
con su energía, su motivación, su talento y su deseo de superación para
mantener viva la llama de Duarte y el amor a nuestra Patria.
Agradezco
a Dios todopoderoso la oportunidad de servir a mi país y a nuestros ciudadanos.
Cuenten
ustedes con nuestra voluntad y entrega para servir a esta tierra que es
patrimonio de todos.
Que Dios les bendiga a todos.
¡Manos a la obra!
27 de febrero de 2013
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