Por: ALMUDENA
CALATRAVA
BUENOS AIRES. AP. El conflicto que sostienen desde
hace cuatro años la presidenta Cristina Fernández y el Grupo Clarín ha puesto
al descubierto una lucha despiadada por dominar a la opinión pública y el
deterioro de la calidad del periodismo argentino.
El enfrentamiento, que se había agudizado en los últimos
meses, promete seguir vigente con la decisión de la Cámara en lo Civil y
Comercial Federal de extender la medida cautelar solicitada por el multimedios
que había suspendido la aplicación de dos artículos de una ley de medios de
2009 que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual.
La suspensión estará vigente hasta que se decida la
constitucionalidad de dichos artículos.
La medida de la Cámara, conocida el jueves, benefició así
a Clarín en su enfrentamiento con el gobierno, que había establecido el viernes
7 de diciembre como último día para que esa empresa periodística y todas las
que se excedan en licencias de señales audiovisuales --según los límites
establecidos por la ley-- presenten un plan para desprenderse de
inversiones.
El hombre clave del gobierno en la pelea, Martín
Sabbatella, titular del organismo público que regula a los medios
audiovisuales, dijo a Télam que “el fallo lesiona a la democracia” y que “la
justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque
gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones”.
En el marco de la pelea judicial, el gobierno presentó el
viernes ante la Corte Suprema de Justicia un recurso contra la prórroga de la
cautelar para que el alto tribunal dirima cuanto antes sobre la
situación.
Fernández y Clarín llevan cuatro años enfrentados. Ambos
dicen defender el interés público, aunque pareciera que se esmeran más en
proteger sus posturas cada vez más crispadas.
La ley busca, según el gobierno, defender la pluralidad de
voces en el mercado al obligar a desconcentrar la propiedad de los grandes
medios.
Clarín y los medios críticos con el oficialismo dicen que
la verdadera intención de la presidenta es desguazar al grupo, atentar contra
la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes
con el gobierno.
Quienes cuestionan a Clarín, en tanto, dicen que su lucha
enconada con Fernández ha afectado los estándares periodísticos del
grupo.
Los dos artículos de la ley en debate obligan la venta de
licencias que superan un límite y que, según Clarín, atentan contra el derecho
constitucional a la propiedad privada.
Algunos de los límites son que aquellos que tengan un
servicio de televisión por cable sólo podrán tener una sola señal de TV
abierta, mientras que los prestadores de televisión satelital no podrán tener
otras señales audiovisuales. Los grupos también deben cumplir con el límite de
35% de llegada a la población o a los suscriptores, según la característica del
medio y con un máximo de 30% de inversión extranjera.
Para Roberto Guareschi quien fue jefe de redacción del diario
El Clarín entre 1990 y 2003, la norma está “hecha para perjudicar a Clarín y
para permitir al gobierno crear un grupo de medios propios”.
“Están destruyendo el periodismo entre el gobierno y los
diarios principales en Argentina”, dijo a The Associated Press Guareschi, quien
fue profesor de periodismo en la Universidad de Berkeley, y que ahora escribe y
edita columnas para Project Syndicate, una agencia
internacional.
Esta crispación “ha conllevado una disminución de la
calidad del periodismo en general”, dijo a la AP Andrés D’Alessandro, director
del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), espacio de debate que reúne a cientos
de periodistas.
Señaló que esta última pelea entre Clarín y el gobierno
muestra cómo se ha agudizado la polarización entre el bando contrario a
Fernández, liderado por el multimedios, y el que es afín al
oficialismo.
“Hay temas de la agenda diaria que son eliminados porque
benefician o afectan al gobierno o a los grupos periodísticos”, dijo
D’Alessandro. “Muchas fuentes se cierran a hablar con cierta prensa y hay
medios que sólo buscan fuentes que coinciden con su línea
editorial”.
Las portadas de Clarín y de medios que critican
abiertamente al multimedios se han centrado en los últimos tiempos en esta
batalla y ofrecen menos espacio a temas que mayormente preocupan a la gente,
como la inflación o la inseguridad.
Una encuesta de FOPEA entre 1.000 periodistas realizada en
septiembre arrojó que la segunda preocupación de los reporteros, luego de sus
condiciones laborales, “es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión.
Sólo tres de cada diez analizan positivamente el compromiso ético de los
periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy
malo”.
El gobierno había informado que 14 grupos de los 20 que
deben desinvertir ya presentaron sus planes para hacerlo, que serán revisados
para su aprobación o corrección. Esa veintena de grupos excede en unas 500
licencias al tope establecido por la ley.
A excepción de Clarín, todos han expresado su voluntad de
desprenderse de las inversiones. Sabbatella ha dicho que Clarín debe adecuarse
respecto de sus licencias de cable ya que “puede tener 24 y hoy tiene 237”.
Clarín afirma que tiene “siete licencias de radio y cuatro
de TV abierta”. Respecto de la operadora de cable Cablevisión dijo que posee
“158 licencias locales (una por ciudad o pueblo) y la ley pretende que sólo
pueda tener 24 y por lo tanto llegar sólo a 24 localidades. Mientras, permite a
sus competidores directos (DirectTV o las empresas telefónicas) llegar a 2.200
ciudades con una sola licencia”.
La lucha contra el grupo mediático se ha vuelto central
para el gobierno de Fernández.
La presidenta sostiene que Clarín quiso sacarla del poder
en 2008 cuando el multimedios apoyó a productores agropecuarios en sus
protestas por el frustrado intento oficialista de aumentar los impuestos a las
exportaciones de algunos granos, que provocaron desabastecimiento de alimentos
y cortes de rutas en todo el país.
La mandataria también acusa al grupo de haber sido
funcional a los intereses de la última dictadura militar (1976-1983) y haber
presionado a los siguientes gobiernos democráticos para preservar su poderío
económico. También de mentir en su contra.
El 7 de diciembre era una “cuestión simbólica” para
Fernández porque significaba demostrar que “se atrevió” contra Clarín, que
recortó algo su poder y no se quedó en las meras palabras, señaló a la AP el
analista Ignacio Fidanza, director del sitio lapoliticaonline.com.
A medida que se aproximaba la fecha límite, el cruce
verbal entre las dos partes se exacerbó y se instaló en la opinión
pública.
En el marco de esa suerte de “circo”, como lo denominan
algunos analistas, el gobierno difundió avisos en los programas de mayor audiencia
de la televisión pública, como “Fútbol para todos” donde se emiten los partidos
de la liga nacional, para destacar la trascendencia del “7 D” (7 de
diciembre).
Clarín contestó con avisos televisivos en los que afirmó
que “el 7 de diciembre no debe suceder nada” y publicó en su diario homónimo,
avisos acusando al gobierno de mentir cuando dice que no hay inflación o
inseguridad.
Para Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información
de la Universidad Autónoma de Barcelona, “hay una pelea política de fondo”
relacionada con la intención oficialista “de avanzar en la reconfiguración del
mapa de medios a partir de la reducción de la posición de
Clarín”.
Subyace una disputa “por la influencia en el espacio
público”, señaló a la AP Becerra, profesor en la Universidad Nacional de
Quilmes. Según el analista, tanto Clarín como el gobierno están “sobreactuando”
para hacerse las víctimas ante la sociedad.
El analista también cuestionó que el gobierno haya
aplicado aspectos de la ley de medios “beneficiando a algunos actores ligados
al oficialismo” y dejando de lado aquellos puntos que asegurarían verdaderos
avances en el derecho a la comunicación.
Según el analista Fidanza es difícil discernir “cuánto hay
de pelea personal, de apuesta política y de interés económico” en esta guerra.
Coincidió con Becerra en que al gobierno le conviene todo este ruido mediático
porque le sirve para no abordar temas que le incomodan.
La situación de tensión ha trascendido las fronteras
argentinas. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició
el jueves una visita a Buenos Aires para evaluar el estado de la libertad de
expresión.
Claudio Paolillo, titular de la Comisión de Libertad de
Expresión de la SIP, dijo a la AP que la prórroga de la cautelar “es lo más
razonable que podía pasar. El país estaba encaminado a una situación sin
salida”.
Agregó que “mientras la justicia no definía sobre el
fondo, lo más razonable era mantener la medida cautelar para que el Poder
Ejecutivo no avanzara de oficio” sobre los bienes y señales del Grupo
Clarín.
Sabbatella había advertido que “si algún grupo mediático
no presenta hasta el viernes a la medianoche el plan de adecuación voluntaria”,
el lunes 10 de diciembre acompañaría personalmente a un escribano para
notificar a esa empresa sobre “el inicio de la transferencia de oficio” a otro
titular de las licencias excedentes.
Ese proceso, dijo, incluye la valoración de licencias de
radiodifusión y otros bienes afectados, las licencias que irían a concurso
público y luego el traspaso a nuevos propietarios.
Sabbatella aseguró que el Estado “no viene a expropiar”
pero juristas cuestionaron el proceso de desinversión y advirtieron que el
Estado podría quedarse con antenas, cables o equipos sin pago de indemnización
previa.
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