Aura Celeste: entre el dicho y el hecho

Por: Redacción DH

Ante las sentencias pueblanas que reflejan paradojas se encuentra el comportamiento de la doctora Aura Celeste Fernández, quien se ha pasado el tiempo dando cátedras de moral y buenas costumbres y, sin embargo, los hechos no la acompañan.

Aura Celeste fue jueza de la Junta Central Electoral (JCE), durante dos períodos (octubre 1994-mayo 1997 y noviembre 2006-octubre 2010). A su salida de la entidad recibió una pensión de RD$175,267.8., unos RD$58,000 más que lo recibido por sus demás excompañeros exjueces, por retiro, según datos publicados en la página Web de la JCE: www.jce.do.

Mientras eso pasa, el expresidente de la JCE, Ramón Manuel Morel Cerda, se queja por recibir una pensión de sólo RD$ 111 mil mensuales, pese a que presidió el organismo durante tres procesos electorales.

Ante la lluvia de críticas generadas por diversos sectores a su pensión , Aura Celeste Fernández respondió que para dicha asignación la normativa no exigía más que un período de gestión en el organismo electoral y que ella había laborado por más de 20 años en distintas instituciones del Estado.

“El dinero no compra mi conciencia, ni me ha hecho, ni me hará tirar por la borda los principios que he procurado respetar toda mi vida”, finaliza la exmiembro de la Junta Central Electoral.

La pensión de Celeste Fernández sólo supera la del entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, cuyo monto es de RD$205,798.32.

A principios de julio de 2009, la doctora Fernández provocó un “avispero” cuando acusó al entonces presidente de la Cámara contenciosa de la JCE, Roberto Rosario, de crear un sistema de “terror” que obligaba al silencio de los funcionarios.

Dijo entonces que la JCE manejaba un presupuesto de casi RD$2,500 millones y que sus miembros no tenían conocimiento de su ejecución, porque el tema nunca había sido puesto en la agenda del Pleno.

Sostuvo que la Cámara Administrativa ejecutaba obras con un valor por encima de los RD$400 millones, sin que los contratos hubieran sido conocidos y autorizados por el Pleno.

El entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, calificó de calumnias las acusaciones que le hizo la jueza de que él había suscrito contratos sin la autorización del Pleno.

Mientras que el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, advirtió que nadie le imponía su agenda y catalogó como una campaña mediática los cuestionamientos sobre la ejecución del presupuesto.

En noviembre de 2006, cuando se afirmaba que la entonces flamante jueza titular de la JCE, habría sido propuesta por el entonces presidente Leonel Fernández y un sector de la Iglesia Católica, para presidir el organismo comicial, la doctora Aura Celeste puso como condición que ninguno de sus compañeros magistrados de entonces fuera ratificado.

La magistrada también rechazó que la composición de las cámaras Administrativa y Contenciosa, que es una decisión del Pleno del tribunal, se hiciera atendiendo a compromisos previos de la dirigencia política.

Su actitud fue reprobada a lo interno y se llegó a plantear en medio de la polémica que ocupaba otros cargos en el Estado, como directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en violación a la Constitución y las leyes. Esta situación adquirió tanta dimensión, que el presidente de la JCE recurrió el caso ante la Cámara de Cuentas, en busca de una opinión técnica sobre la ilegalidad de los incentivos, pero este organismo se declaró incompetente y todo quedó ahí.

El comportamiento de la doctora Aura Celeste Fernández contrasta con la imagen que proyecta su esposo, el doctor Guillermo Moreno, presidente del Partido Alianza País (AP), quien recientemente sometió por ante la Procuraduría General de la República al expresidente Leonel Fernández y dos de sus colaboradores, el senador Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, a los que responsabiliza del déficit fiscal de RD$183 mil millones.

Moreno depositó una denuncia penal, aportando presuntos elementos de prueba, donde evidencia que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exdirector de la Oficina de Obras Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, sobrevaluaron la construcción de dichas obras.

Asimismo, en la denuncia, se acusa al exmandatario Leonel Fernández de haber utilizado dinero del Estado en el pago de la llamada “nominilla”, y de emplear unos RD$40 millones en la campaña de su partido.

Lamentablemente, tal y como sentencia el viejo refrán, quien tiene casa de cristal no puede lanzar piedras al vecino.