El presidente Danilo Medina ordenó mediante el decreto
616-12 a
la Contraloría General de la República suspender todo aporte de fondos públicos
a los fondos y/o planes complementarios de pensiones.
De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, la
disposición busca evitar cualquier uso inapropiado por las instituciones para
on los planes de pensiones de sus directivos y empleados, al tiempo que envía una señal clara de su compromiso con el
buen uso de los fondos públicos.
“El decreto dispone que la Contraloría General del
República, proceda a suspender todo aporte de Fondos Públicos que realicen la
Administración Central del Estado, las instituciones autónomas y
descentralizadas y autónomas y descentralizadas
financieras y no financieras, instituidas por la ley, las instituciones
públicas de la seguridad social, las empresas públicas financieras y no
financieras, los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, a los
Fondos y Planes Complementarios de Pensiones existentes”, dice la nota.
Indica que los fondos aportados por las instituciones
públicas a los planes complementarios de pensiones deben ser retornados a las
mismas, “para el correcto uso en el marco de sus presupuestos de gasto
correspondientes”.
Señala que las instituciones públicas podrán crear fondos
de pensiones complementarios, siempre y cuando los mismos se sustenten sobre la contribución
definida realizada única y exclusivamente por los afiliados y fundamentados en
la capitalización individual que asegure la sostenibilidad financiera y el equilibrio
económico.
En uno de los considerandos el decreto 616-12 dice que “a pesar de la existencia de la Ley
No 87-01 como marco regulador del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y sus normas
complementarias, aún existen instituciones del Estado que mantienen fondos de
pensiones no registrados en la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
“Igualmente que la creación de esos Fondos Complementarios
con partes mixtos puede generar déficit por no haberse contemplado los riesgos
actuariales o por el uso inadecuado de dichos fondos siendo el Estado el
gerente final de los mismos y por tanto convirtiéndose en un factor de riesgo
de las Finanzas Públicas”, establece.
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