EL CRD, a través de
su presidente Abraham Abukarma, considera que al Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito, como presidente del Consejo, le
corresponde rectificar la decisión, ya que considera la suspensión de Rosa como
injusta.
De Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Regional
de Desarrollo (CRD) calificó de “irracional”
y “fuera de un contexto” la
decisión del Consejo Superior del Ministerio Público que ordena la suspensión temporal del Procurador de la Corte de Apelación
de San Francisco de Macorís,
Amado José Rosa.
EL CRD, a través de su presidente Abraham Abukarma,
considera que al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito,
como presidente del Consejo, le corresponde rectificar la decisión, ya que
considera la suspensión de Rosa como injusta.
“No se puede procurar
impactos políticos y sociales en una sociedad como la nuestra, atentando
contra honras bien ganadas y la vida de bien social edificadas en servidores
públicos excelentes, como resulta el
caso de la sólida trayectoria que ha tenido en la justicia del país un
profesional de la capacidad y la calidad humana”, explica el comunicado de
prensa enviado por la entidad cibaeña.
El Consejo Regional de Desarrollo a través de la
comunicación resalta que el procurador tiene “excelentes” servicios
prestados por muchos años a la justicia dominicana y también en las
funciones que ha ostentado como funcionario público.
“La peor forma de hacer justicia es con la injusticia, y
por tanto, cabe al procurador de la República reconocer con inteligencia que se
equivocó y que tomó una decisión errada al suspender temporalmente en sus
funciones al Procurador de la Corte de
esta ciudad”, explica la posición del CRD.
El Procurador General de la Corte de Apelación de la
Provincia Duarte, Amado José Rosa, fue suspendido por 30 días sin disfrute de
salario por alegadamente no solicitar prisión preventiva en el conocimiento de
las medidas de coerción contra un
fiscalizador San Francisco de Macorís
involucrado en presuntos hechos de corrupción.
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