Temístocles Montás
dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno,
afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.
Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se
dispone de mayores ingresos fiscales.
Juan Bolívar
Díaz/Especial para Acento.com.do
Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y
Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía
adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los
impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.
En la sociedad civil, incluidos el empresariado y economistas, se espera un programa de fuerte
reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto
“conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe
fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.
En búsqueda del
pacto fiscal
Ante la realidad de
que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del
organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto
fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para
el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y
Planificación, Temístocles Montás.
El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que
estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar
las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el
19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre
y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.
En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo
en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de
ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina
dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre”
(mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se
acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del
Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después
del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras
legislativas por el partido de gobierno.
A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas,
el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta
lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de
este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar
un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que
aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que
rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas
dentro de ese plazo.
Elevarían la presión
fiscal
En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó
esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la
elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal
entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma
oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto
elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.
Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con
asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar
la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera
del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto
con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de
fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la
tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.
La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de
periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio
otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando
que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”. Advirtió que es difícil hablar de
redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos
fiscales.
Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar
la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de
mayores cargas tributarias. Ya el
miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año
con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor
atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran
movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña
electoral.
Arduas negociaciones
El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto
con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el
organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu,
reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los
sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES esperan
a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron
como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.
De hecho los sectores sindicales y sociales ya han
acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la
defensa de sus intereses y ayer sábado
celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el
sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete
de la última década.
Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar
al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que
implique la totalidad de los ingresos y
gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social,
superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad
que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los
sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.
Los dirigentes empresariales, sindicales y sociales han insistido una y otra vez en
que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso
gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el
país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y
extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido
pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que
reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como
el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se
quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y
hasta en el nacional.
Con el presupuesto
del 2012
Consultores empresariales y economistas vinculados a la
sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto
de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente
para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones
complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal.
Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de
altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de
pesos.
Las formulaciones parten de la consideración de que el
gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y
la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores
contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo
año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones
tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter
enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las
negociaciones se extienden hasta el próximo año.
El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores
propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles
en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa
la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda.
No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el
cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera
crecimiento”.
La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a
corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación
preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil,
por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el
compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del
presupuesto". Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue
que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-
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