Mario Acosta no se imaginaba que la nueva administración
de Gobierno del PLD continuaría las investigaciones iniciadas desde Abril de
este 2012, acerca de supuestos rumores de que un narcotraficante, habría estado
pagando millonarias sumas para ser favorecido en la cárcel donde habia sido
recluido, de acuerdo a la investigación que hizo la Inspectoría de la
Procuraduría General de la República, que dirige el procurador adjunto Bolívar
Sánchez.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez
Brito informo que ex director de Prisiones fue detenido ayer en la mañana por
las evidencias en la investigación que se le seguía desde abril pasado, por
vínculos con el narcotraficante, Pascual Cordero Martínez (El Chino), detenido
como parte de una red de lavado y a quien el ex funcionario Mario Acosta,
habría favorecido con el traslado de cárcel a cambio de dinero.
Varias conversaciones fueron grabadas con orden judicial,
a José Alexis Jiménez, quien está preso acusado de matar a un seguridad del
PRD, en Villa Mella, el mismo día que salía de la oficina del entonces director
de Prisiones haciendo gestiones para su jefe, alias "El Chino".
Jiménez llamó al reo a la prisión para darle detalles de las diligencias con el
ex director de prisiones Acosta Santos y le dijo que ese hombre (Acosta), era
un hombre de los de ellos y que de la Victoria (el reo) seria enviado a su
casa.
“Es vergonzoso e inaceptable, el hecho de que quienes,
estamos llamados a hacer cumplir las leyes, estemos actuando al margen de la
misma. No vamos a aceptar éste tipo de acciones bajo ninguna circunstancia,
mucho menos dentro del Ministerio Público, cuando nuestro deber es enfrentar
con energía, la lucha contra la corrupción", expresó Domínguez Brito.
El Procurador General, de manera enérgica reitero que en la
República Dominicana “no puede haber impunidad. En cualquier caso en el que se
descubra que hubo corrupción por parte de un funcionario del MP, de un ministro
o ex ministro, sea quien sea, simplemente vamos a descubrir cuál es la verdad,
sustentaremos las pruebas, y actuaremos como manda ley”.
En rueda de prensa, Domínguez Brito informó, que disponían
de más un centenar de llamadas interceptadas de contacto, entre las cuales
decenas de las mismas, eran entre el ex Director de Prisiones y el Chino, así
como la constancia de contacto físico entre ambos.
En torno al fiscalizador Héctor Luís Balcácer de Villa
Rivas, provincia Duarte, se informó que al mismo se le ocupó en su poder
durante un registro realizado, dinero que previamente los investigadores habían
fotocopiado, para realizar el operativo, con lo cual se comprobó, la extorsión
recibida por familiares de un acusado en un caso que él mismo investigaba.
Pascual Cordero Martínez (El Chino), imputado junto a
otros 16 sujetos, entre ellos José Tapia Pérez,alias Juan Carlos López y/o
(Boludo); Mónica Cordero Martínez, hermana del Chino, Hilario Marte Flores,
(Raulito); Pedro Alcéquiez López; José Emilio Gómez Rosario , Dorka Altagracia
Sosa Mateo, Félix Antonio Echevarria; Juan Carlos González Echevarria; Facundo
Marte, Domingo Antonio Sánchez, (El Oficial), Carlos Manual Ozuna, (El Flaco);
Josué Peguero Jiménez, Yamery del Carmen Gavilán; Wendy Zenayda de León y
Epifania Flores Heredia, Juan C. González, Carlos M. Cordero Ozuna y Josué
Jiménez, de cargos criminales de lavado de activos, estafa, narcotráfico y
asociación de malhechores, pagó para que Acosta agenciara su traslado desde el
Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuyá de Higüey a la cárcel La
Victoria.
de un ex sargento de la Policía en el Ensanche Luperón,
Reynaldo González de Jesús. Su caso fue desestimado por la jueza interina del
Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Evelyn Torres, dando
un "no ha lugar" a favor del reo, bajo alegaciones judiciales de que
el fiscal adjunto Demetrio Ramírez, no presentó los elementos de prueba
suficientes que demuestre la culpabilidad de alias “El Chino”.
Alias “El Chino”, fue imputado de ser el supuesto socio de
Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), condenado a ocho años por lavado de
activos, por presuntamente pagarle RD$500,000 a dos presuntos sicarios para que
asesinaran al sargento.
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