A LA COMUNIDAD
NACIONAL Y A LA FAMILIA UNIVERSITARIA
En un hecho sin precedentes en los anales de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo,
el pasado viernes, algunos estudiantes desaprensivos e individuos ajenos a la
academia, transgresores de la institucionalidad, de la autoridad y del
patrimonio universitario, perpetraron una balacera, lanzaron piedras y objetos,
quemaron varios vehículos y causaron daños cuantiosos al edificio de la
rectoría, llenando de pánico a la familia universitaria.
Esos bochornosos y peligrosos actos fueron realizados
tomando como pretexto la resolución del Honorable Consejo Universitario que
ordena un reajuste de los aportes que, por concepto de servicios académicos,
venían haciendo los estudiantes por varias décadas y que nunca habían sido
revisados.
Las medidas del Consejo Universitario responden al
imperativo de garantizar la cobertura y calidad de los procesos académicos e
institucionales de la Universidad.
Es de interés aclarar que las decisiones del Consejo
Universitario no buscan privatizar la universidad, ni lanzar por la borda el
derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, tal y como lo
consagra la Carta Magna de la Nación.
Tampoco busca excluir del sistema de educación superior a los estudiantes más
pobres y vulnerables, que tienen en la UASD su única opción para formarse como
profesionales y alcanzar la movilidad social anhelada. En tal sentido, se
previó una asistencia solidaria, para que aquellos que la requieran puedan cubrir el costo de inscripción y de los
créditos académicos.
En adición a lo expuesto, el Consejo Universitario se vió
compelido al citado ajuste tarifario, debido al incumplimiento de la Ley 57-78,
que contempla un 5% del presupuesto nacional para la UASD, y debido, también, a
que el presupuesto de la academia se ha mantenido estático, mientras que la
población estudiantil ha ido aumentando
considerablemente y la Universidad se ha ido extendiendo por todo el país.
El Consejo Universitario reafirma la filosofía inscrita en
el Estatuto Orgánico, en virtud de la cual reconoce el derecho a la protesta
pacífica y organizada, pero no tolera el irrespeto a la autoridad y a la ley,
que se puso de manifiesto en la ocupación de la Vicerrectoría Administrativa,
donde se retuvo forzosamente, por variar horas, a los profesores y empleados allí presentes. Tampoco puede
pasar por alto la agresión y los
vejámenes de que fue objeto el Consejo Universitario en la pasada graduación
celebrada en San Francisco de Macorís. En consecuencia, el Consejo
Universitario decidió expulsar a los responsables de dichos actos, lo cual
trajo consigo uno de los mayores niveles de agresión contra la familia
universitaria y su patrimonio, a tal punto que el señor Rector, amparado en el
estatuto orgánico, solicitó el auxilio de la fuerza pública, para restablecer
el orden universitario.
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