EN TORNO A EDGAR
MERCEDES Y PEDRO DELGADO SÁNCHEZ, EL MP HABÍA PEDIDO GARANTÍA ECONÓMICA DE UN
MILLÓN 500 MIL PESOS
Ramón Cruz Venzan/Listin
Diario
Santo Domingo La jueza suplente del Juzgado de Atención
Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de seis personas acusadas
de formar parte de una supuesta red de tráfico humano que traía a prospectos
cubanos al país.
La magistrada Clara Castillo ordenó la libertad pura y
simple, sin imposición de medidas de coerción del escucha Edgar Mercedes y
Pedro Delgado Sánchez.
Mientras que a Manuel Antonio Azcona y a Nilvio Antonio
Cruz, le impuso una garantía económica de 500 mil pesos.
La jueza también ordenó la libertad de Héctor Evangelista
Ferreira Infante y Ernesto Henríquez Vega, a quienes les impuso como medidas de
coerción presentación periódica por ante el ministerio público.
La magistrada Castillo tomó la decisión tras rechazar una
solicitud de prisión preventiva que había presentado el fiscal adjunto
Milcíades Guzmán en contra de cuatro de los imputados.
En torno a Edgar Mercedes y Pedro Delgado Sánchez, el
ministerio público había pedido que se le impusiera una garantía económica de
un millón 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
A la salida del tribunal, Mercedes señaló que se sentía
alegre y que él siempre dijo que era inocente, por lo que la decisión fue un
desagravio a su persona.
Al grupo, integrado por cuatro dominicanos y tres cubanos,
se le ocupó evidencias que comprometen su responsabilidad penal en tráfico de
personas, tales como lancha rápida, teléfonos satelitales, GPS, carta de
navegación con coordenadas, celulares, centellas, radios de comunicación,
contratos de apoderamiento de peloteros, pasaportes, entre otros.
Mercedes fue el anfitrión del cubano Yoenis Cespedes,
quien llegó a mediados del año pasado al país y jugó con las Aguilas Cibaeñas.
Céspedes luego firmó contrato de 36 millones de dolares
con Oakland, pero todo ha culminado en una disputa ante la justicia.
Mercedes le puso una demanda por incumplimiento de pagos.
El caso lo lleva la Dirección Nacional de Persecusión
contra el Crimen Complejo.
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