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Pro Consumidor advierte cerrará colegios cobren año escolar por adelantado

miércoles, 29 de junio de 2011

Publicado por prensalibrenagua.blogspot.com

“LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL Y QUIEN ATENTA CONTRA
ÉSTA LO ESTÁ HACIENDO CONTRA EL ESTADO SOCIAL”
Santo Domingo La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, consideró que tomar decisiones en perjuicio de la educación constituye un atentado al Estado Social de Derechos y advirtió que si hay que “cerrar colegios Pro Consumidor los cerrará”.

Dijo que no permitirá lo que consideró como un abuso de la Federación Nacional de Centros Educativos Privados (FENACEP) de cobrar por adelantado el año escolar.
La directora de Pro Consumidor hizo la advertencia a propósito del desafío de la Federación de Colegios Privados a las autoridades que mediante resolución dispuso que los padres paguen por adelantado el año escolar o de lo contrario los colocarán como clientes morosos en los burós de crédito.
Ante la situación, Paulino llamó a la Federación de Padres a que se acerquen a Pro Consumidor para que se le busque una salida.
Consideró que la educación es un derecho constitucional y que “quien atenta contra ésta está atentando contra el estado social”.
Entrevistada por el periodista Ruddy González en el programa “Oye País”, por Color Visión, Paulino dijo que “si hay que cerrar colegios Pro Consumidor los cerrará” pero que no permitirá que a un niño se le deje de entregar una calificación o que se le saque de un colegio porque no pague por adelantado.
Planteó que existe la Ley de Educación que regula a los colegios privados y que por demás la educación es un derecho constitucional que en modo alguno se puede violentar con decisiones arbitrarias y en interés de particular.
“Si tenemos que constituir en el país cooperativas de colegios lo haremos, para corregir la situación, y los colegios que quieren cometer abusos pues entonces que se queden cerrados”, planteó.
La directora de la institución garantista de los derechos económicos de la población insistió en que se trata de un delito criminal negar un servicio tan importante como la educación, que a la vez constituye un derecho humano.

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