Afirman le quitó US$75 mil a una dama para conseguir devolución de 27 vehículos incautados. Abogado vinculado a Agosto es acusado de estafa por la DNCD
Por: EL DÍA
Santo Domingo.-Un abogado acusado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de estafar a una mujer con 75 mil dólares, con la promesa de conseguir la devolución de 27 vehículos retenidos pos las autoridades, es el mismo que fue arrestado por atribuírsele intentar quedarse de manera irregular con un apartamento de José David Figueroa Agosto y que ocupaba el también narco boricua José Miguel Marrero Martel.
Juan Carlos Acosta Pérez fue detenido por la Fiscalía del Distrito Nacional al ser encontrado en el apartamento 201 de la torre Bolívar tras supuestamente haberle garantizado a Marrero Martel que “se encargaría” de que no incautaran esa propiedad.
Al momento de su arresto, el 28 de diciembre de 2009, las autoridades empezaban a desenredar la red de lavado de activos utilizada por Figueroa Agosto e incautaron la mayoría de las principales propiedades del capo, incluyendo los apartamentos 201 y 202 de la torre Bolívar, en esta capital.
Marrero Martel se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputaron en Puerto Rico por ser parte importante de la banda del capo José David Figueroa Agosto.
Posteriormente se convirtió en el “testigo estrella” de la Fiscalía Federal de Puerto Rico para lograr la condena de Ángel Ayala Vásquez, considerado el principal cabecilla de la estructura de narcotráfico a la que pertenecía Figueroa Agosto y su grupo.
Caso abogado
Acosta Pérez en esta ocasión fue sometido por la Dirección Nacional de Control de Drogas ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) acusado de estafar con 75 mil dólares a la señora Mayra Ivelisse Cordero Peguero para conseguirle 27 vehículos incautados por las autoridades a unos parientes supuestamente implicados en un caso de lavado de activos .
Según la DNCD, Acosta Pérez utilizó el nombre del mayor general Rolando Rosado Mateo y de un fiscal adjunto para cometer la fechoría.
Los parientes de Mayra Ivelisse Cordero Peguero, supuestamente implicados en el caso lavado de activos, fueron identificados como Roberto Antonio Ortiz Cordero y Roy Francisco Sánchez Zamora, alegados dueños de dos ‘dealers’ ubicados en Santo Domingo Este.
Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, confirmó que “está en marcha una acción contra ese abogado”, por haber usado el nombre del mayor general Rosado Mateo para “extorsionar” a una ciudadana.
Según los datos suministrados por la DNCD al CARD, Juan Carlos Acosta Pérez también utilizó el nombre del fiscal adjunto Isidro Vásquez Peña para realizar la estafa.
La DNCD decidió actuar contra Acosta Pérez luego de que Cordero Peguero depositara en ese organismo una querella en la cual afirma que habría entregado los 75 mil dólares al abogado para que hiciera posible la devolución de los vehículos.
Otra querella
Mayra Ivelisse Cordero Peguero también interpuso ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) otra querella contra Juan Carlos Acosta Pérez, ya que luego de entregarle los 75 mil dólares el profesional del Derecho visitaba a sus parientes Roberto Antonio Ortiz Cordero y Roy Francisco Sánchez Zamora, en las celdas de la cárcel de La Victoria para exigirles RD$2,400,000 adicionales para trabajar.
Según los datos, Cordero Peguero, junto a Francisca Pérez Gómez, contrató los servicios de Acosta Pérez a quien le entregó la alta suma de dólares para iniciar las supuestas diligencias a los fines de recuperar los 27 vehículos bajo custodia del Ministerio Público.
Acción legal
La acción legal incoada contra Acosta Pérez está amparada en las reglas éticas que deben observar los abogados, a partir de los principios deontológicos a que debe acogerse un profesional sobre la materia.
El artículo primero del Código de Ética del Abogado establece: “Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del Derecho son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad”.
Investigación en curso
Los datos ofrecidos por las autoridades establecen que el Colegio de Abogados de la República Dominicana inició las investigaciones del caso. El sometimiento fue realizado el pasado día 11.
Las investigaciones del caso están a cargo del fiscal de su Tribunal Disciplinario que preside Pedro Domínguez Brito, a los fines de valorar los requerimientos hechos contra el sometido, entre ellos el invalidarlo de manera perpetua para ejercer la profesión de abogado.
Procurador afirma serán sometidos
El procurador general, Radhamés Jiménez Peña, sostuvo ayer que los militares y civiles que estén implicados en la red de lavado de activos serán sometidos a la Justicia, sin importar el rango o categoría.
Asimismo, se mostró satisfecho con la forma en que ha sido conducido el juicio del boricua José David Figueroa Agosto y demás implicados en la red, quienes están acusados de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.
“Ahora están surgiendo nombres en el juicio de fondo, pero una versión que pueda dar un imputado no quiere decir que sea palabra de Dios”, indicó.
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