Varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano solicitaron al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y al licenciado Orlando Jorge Mera, dar explicaciones claras y convincentes sobre el uso dado a más 700 millones de pesos que según ellos ingresaron a la institución durante su mandato como presidente y Secretario General de la organización. Reclaman que las informaciones deberán ser completas, fidedignas, documentadas y detalladas, conforme a las reglas y normas de contabilidad y auditoría que son de aceptación general y deberán igualmente, abarcar el ejercicio económico y financiero Agosto 2009-Junio 2010, corresponderse y hacer énfasis en los siguientes conceptos.
Edgar A. Feliz Méndez, Fernando Durán, Juan Mateo, Luis Delgado, Ramón E. Cruz y Nazir Atallah mediante carta dirigida a los máximos dirigentes del partido blanco requieren una explicación de los montos provenientes del financiamiento a partidos políticos por la Junta Central Electoral, fondos estos otorgados por el Estado Dominicano así como los fondos recaudados por el pago de las inscripciones de los precandidatos congresuales y municipales para participar en la XXVIII Convención Extraordinaria.
Solicitan también un informe de los aportes realizados a favor del Partido por colaboradores, empresarios y amigos, en sentido general, del PRD así como de los valores recibidos en calidad de préstamos, avales, garantías y otras modalidades de financiamiento o compromisos.
En su misiva a las máximas autoridades del PRD que la opinión pública nacional y la familia perredeísta, en particular, han quedado sumamente sorprendidas por las versiones de los últimos días, confirmadas por las propias autoridades del Partido, que dan cuenta de que el edificio que aloja la Casa Nacional ha sido objeto de un gravamen de naturaleza hipotecaria, como parte de una transacción de préstamo ascendente a cien (100) millones de pesos, deuda a favor del Banco Popular que será saldada por la Junta Central Electoral, utilizando para ello los fondos que el Estado asigna cada año a los partidos políticos.
Refieren que de igual manera, el P.R.D asumió otra deuda superior a los RD$8 millones, para ser también saldada por la JCE con la contribución económica del próximo año, la cual fue notificada al Tribunal Electoral por la empresa Dominicana de Financiamiento, C. por A. y por el Sr. César Menéndez, mediante sendos actos de alguacil.
“Otras informaciones relativas a la forma en que actualmente se están manejando las finanzas de la organización, han elevado los niveles de preocupación en grandes núcleos de dirigentes que, al igual que nosotros, sienten la imperiosa necesidad de transparentar todo el accionar partidario, en repuesta a la demanda que en este sentido está haciendo la ciudadanía. Una de estas informaciones se refiere al ejercicio de las funciones de Secretario Nacional de Finanzas por una persona que no estuvo formalmente designada”.
Consideran que la realización de las operaciones admitidas por ellos sin que medie la aprobación expresa de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, como lo expresan de manera taxativa, los artículos 203, 55 y 188 de los estatutos, así como el manejo inadecuado de los recursos partidarios, un área sumamente sensible para el normal desarrollo de la vida institucional, vulnera valores esenciales que históricamente han caracterizado a nuestra organización.
Expresan que de acuerdo al informe financiero rendido por las anteriores autoridades, con fecha 20 de diciembre del 2008, los recursos a percibir por la entidad en el año 2009 serían empleados, fundamentalmente, para cubrir los gastos administrativos generales, el pago de la proporción del préstamo por 45 millones tomado para hacer frente a una parte de los gastos de la campaña presidencial del 2008 y a financiar las convenciones ordinarias y extraordinarias programadas para ese año, lo que indicaba que el panorama financiero del partido no tenía nada de sombrío, si se toma en cuenta que la contribución del Estado resultó ser de RD$210 millones.
Dicen que en su condición de dirigentes primero y de ciudadanos luego, preocupados por la prevalencia de los valores como: su carácter democrático, la dirección colegiada y la soberanía de la militancia expresada a través de los organismos han considerado la imperiosa necesidad de hace uso de sus derechos, con la única intención de proteger la imagen de la organización, así como el carácter de patrimonio del pueblo dominicano de la misma.
Argumentan que si el PRD no es capaz de exhibir una conducta hacia lo interno con la transparencia debido, mal podría plantear una línea de exigencia, frente al Gobierno actual del Partido de la Liberación Dominicana, de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
TEXTO DE LA CARTA ENVIADA A LAS AUTORIDADES DEL PRD
20 de Julio, 2010
Ing.
Miguel Vargas Maldonado
Presidente
Lic.
Orlando Jorge Mera
Secretario General
Partido Revolucionario Dominicano
Casa Nacional
Av. Jiménez Moya
Ciudad
Apreciados compañeros:
La opinión pública nacional y la familia perredeísta, en particular, han quedado sumamente sorprendidas por las versiones de los últimos días, confirmadas por las propias autoridades del Partido, que dan cuenta de que el edificio que aloja la Casa Nacional ha sido objeto de un gravamen de naturaleza hipotecaria, como parte de una transacción de préstamo ascendente a cien (100) millones de pesos. La deuda se constituyó a favor del Banco Popular y será saldada por la Junta Central Electoral, utilizando para ello los fondos que el Estado asigna cada año a los partidos políticos.
De igual manera, el Partido Revolucionario Dominicano asumió otra deuda superior a los RD$8 millones, para ser también saldada por la JCE con la contribución económica del próximo año. La misma fue notificada al Tribunal Electoral por la empresa Dominicana de Financiamiento, C. por A. y por el Sr. César Menéndez, mediante sendos actos de alguacil.
Otras informaciones relativas a la forma en que actualmente se están manejando las finanzas de la organización, han elevado los niveles de preocupación en grandes núcleos de dirigentes que, al igual que nosotros, sienten la imperiosa necesidad de transparentar todo el accionar partidario, en repuesta a la demanda que en este sentido está haciendo la ciudadanía. Una de estas informaciones se refiere al ejercicio de las funciones de Secretario Nacional de Finanzas por una persona que no estuvo formalmente designada. Mal podría nuestro Partido mantener una línea de exigencia, frente al Gobierno actual del Partido de la Liberación Dominicana, de transparencia en el manejo de los fondos públicos, cuando no somos capaces de exhibir una conducta hacia lo interno que se corresponda con tal planteamiento.
El Reglamento Sobre la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos, aprobado por el Pleno de la Junta Central Electoral, en fecha 6 de abril del 2010, indica que al Partido Revolucionario Dominicano le fue asignada la suma de RD$434 millones, para solventar los gastos de las elecciones congresuales y municipales recién transcurridas.
Este monto representa más de una vez y media lo recibido por la entidad para la campaña del 2008 y el 275% de lo percibido para el proceso de medio término correspondiente al 2006.
De acuerdo al informe financiero rendido por las anteriores autoridades, con fecha 20 de diciembre del 2008, los recursos a percibir por la entidad en el año 2009 serían empleados, fundamentalmente, para cubrir los gastos administrativos generales, el pago de la proporción del préstamo por 45 millones tomado para hacer frente a una parte de los gastos de la campaña presidencial del 2008 y a financiar las convenciones ordinarias y extraordinarias programadas para ese año. El panorama financiero no tenía nada de sombrío, si se toma en cuenta que la contribución del Estado resultó ser de RD$210 millones.
De los hechos anteriormente expuestos se infiere que en los últimos dos (2) años el PRD ha recibido, solamente por concepto de contribución económica que otorga el Estado, la suma de algo mas de RD$644 millones. El monto sobrepasaría los RD$700 millones, si agregamos las cuotas de inscripción cobradas a los precandidatos congresuales y municipales para participar en la contienda interna, suma nada despreciable para estimular a cualquier ciudadano a requerir una rendición de cuentas sobre el particular.
En otro orden, no escapa a su inteligencia que una situación de ausencia de funcionamiento regular de los organismos del Partido, entraña el desconocimiento, por parte del conjunto de la Alta Dirección, de la política de financiamiento que se esta implementando, fuera de los fondos que provienen a través de la JCE. Los Estatutos Generales, por ejemplo, establecen claramente el procedimiento interno que las autoridades tienen que agotar para gestionar y obtener un préstamo a nombre de la institución, sobre todo cuando la transacción involucra el gravar una de sus propiedades.
Realizar una operación de la índole señalada sin que medie la aprobación expresa de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, está prohibido de manera taxativa, según lo estipula el Art. 203 y en menor medida, los Art. 55 y 188. El manejo inadecuado de los recursos partidarios, un área sumamente sensible para el normal desarrollo de la vida institucional, vulnera valores esenciales que históricamente han caracterizado a nuestra organización. Dentro de estos valores se destacan su carácter democrático, la dirección colegiada y la soberanía de la militancia expresada a través de los organismos
Una revisión de importantes decisiones, adoptadas por el Partido a partir del inicio de la gestión de las actuales autoridades, indica el predominio inusitado del "otorgamiento de poderes" al Presidente o al Presidente y al Secretario General. En el ámbito de las finanzas, sin embargo y que tengamos conocimiento, no ha existido siquiera tal intermediación.
Fundamentados en las anteriores reflexiones, nos permitimos solicitarles por esta vía las informaciones que se describen mas abajo, haciéndoles notar que esta acción la interponemos en el ejercicio de las prerrogativas inherentes a nuestra doble condición de dirigentes del PRD y de ciudadanos dominicanos. Esta solicitud, les expresamos, no tiene otra finalidad mas que el de cumplir con el deber partidario de proteger la imagen de nuestra institución, patrimonio del Pueblo Dominicano, en su tránsito hacia alcanzar el Poder en la contienda fijada para el año 2012.
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