Once ONG condenan narcopolítica, compra de votos y las candidaturas para "negocios"

Critican legisladores no rindan cuentas del "barrilito" y el "cofrecito" e instan a la ciudadanía a rechazar en las urnas a los candidatos no muestren transparencia.

Wildler Soto y servicios de Clave Digital

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil alertó a los votantes sobre los peligros de la narco-política, la formación de candidaturas con perfiles para hacer negocios personales y la compra de votos, por lo cual instó a rechazar en las urnas a aquellos aspirantes a cargos electivos que no muestren transparencia.
Asimismo rechazaron la escogencia, entre los partidos políticos, de candidatos sin observar las reglas de la democracia, en violación a las disposiciones relacionadas con la cuota femenina y, en general, pisoteando los derechos de los militantes.
En un comunicado a la Nación, las instituciones sociales previnieron a las ciudadanía sobre los legisladores que continúan utilizando ilegítimamente recursos públicos para campaña proselitista.
Deploraron que los congresistas –muchos de los cuales aspiran a reelegirse- se resistan a rendir cuentas públicas sobre la utilización de los denominados “barrilito” y “cofrecito”, unas partidas ilegales que suponen un gasto superior a los RD$920 millones en cuatro años.
La posición, externada en un documento público, es sustentada por Ciudad Alternativa, la Federación de Asociaciones Industriales, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, el Centro de Estudios Juan Montalvo y Participación Ciudadana.
También suscriben el comunicado la Fundación Justicia y Transparencia, Probien, La Lucha y la Alianza Dominicana contra la Corrupción, entre otras instituciones sociales, que además deploraron el transfuguismo, el deterioro del sistema partidario y las imposiciones de candidaturas por parte de la cúpula de los partidos políticos.
“Quirino habló sobre sus aportes a los principales partidos. Y es muy probable que dinero del narcotráfico continúe fluyendo hacia las actividades partidarias, sobre todo si tomamos en cuenta que, después de dicho caso, el narcotráfico ha permeado con mayor fuerza las instancias de poder”, precisaron los representantes de las entidades no gubernamentales.
Con respecto al “barrilito”, lamentaron que los senadores de todos los partidos tratan de justificarlo, cada uno de los cuales se ha beneficiado con un promedio de RD$22 millones en los últimos 4 años. El presidente del Senado, que debió ser el primero en rechazar el barrilito, ha recibido en dicho período cerca del doble de dicha suma y a nombre de todos sus compañeros de hemiciclo ha hecho una enfática defensa de tan irritante e injustificable privilegio.
“La falta de arraigo y liderazgo territorial de las candidaturas impuestas debilitan aun más los compromisos de los legisladores y autoridades municipales electas con el desarrollo local”, proclamaron las organizaciones.
En ese contexto, aseguraron que existe la percepción de que “inmensa mayoría” de los candidatos que corren en el presente proceso electoral se mueven tras los privilegios que brindan las posiciones electivas, ahora prolongadas a seis años.
Desde su óptica, el panorama se agrava con la resistencia a apoyar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que tiene una década en discusión, con la penetración del narcotráfico a las instancias de poder, como quedó demostrado con los casos Paya, Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo.
“La red a la que pertenece este último logró involucrar al Presidente de la República en la promoción de su inversión extranjera y obtener financiamiento estatal, a través del Banco de Reservas”, precisaron las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, exigieron a los candidatos exponer públicamente sus planes de trabajo, rendir cuentas sobre los fondos que invierten, asumir el compromiso de suspender el negocio de las exoneraciones de vehículos, comprometerse a ser responsables con la política de endeudamiento, impulsar la educación y respetar las leyes.
“La ciudadanía tiene la responsabilidad de solo votar por los candidatos que considere van a desempeñar con dignidad las funciones para las cuales han sido postulados; aquellos que hayan demostrado estar comprometidos el buen uso de los fondos del presupuesto nacional y de los ayuntamientos, con la lucha contra la corrupción, con el fortalecimiento institucional y con el combate a la pobreza y la desigualdad”, indicaron.

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y la gestión pública

El proceso electoral y la institucionalidad democrática

En el presente proceso electoral se ha profundizado el deterioro del sistema partidario, registrándose un notable retroceso en las prácticas democráticas, expresado en la imposición de la mayoría de las candidaturas por las cúpulas de los partidos, en lugar de primarias u otro mecanismo de competencia interna, así como un mayor transfuguismo y prácticas clientelistas. La falta de arraigo y liderazgo territorial de las candidaturas impuestas debilitan aun más los compromisos de los legisladores y autoridades municipales electas con el desarrollo local. Lamentablemente, los candidatos realizan sus campañas sin propuestas programáticas y en esta ocasión han estado ausentes hasta los limitados debates que se han realizado en procesos anteriores. Ha aumentado la percepción de la población de que la inmensa mayoría de los candidatos no tiene vocación de servicio, si no un marcado interés de acceder a los privilegios que otorgan las posiciones electivas, ahora extendidas a seis años; para lo cual invierten cuantiosos recursos en actividades proselitistas, sin transparencia, convirtiendo la actividad política en un negocio.

Afortunadamente la gestión del proceso electoral por parte de la JCE ha venido experimentando mejoría en la última década y, de manera particular, en el actual proceso electoral, lo que de alguna manera ha contrarestado el desorden que se registra en los partidos, que han violentado las disposiciones relacionadas con la cuota femenina, los requisitos para ser candidato en una determinada demarcación geográfica, los derechos de los militantes, entre otras irregularidades. El organismo electoral tiende a fortalecerse, mientras la institucionalidad en los partidos se deteriora y, consecuentemente, su capacidad para administrar correctamente el Estado, acentuándose la desconfianza de la ciudadanía en los políticos y en las autoridades.

Los dirigentes políticos y los congresistas han dado claras demostraciones de falta de democracia interna en sus partidos, desinterés en perseguir el uso ilícito de fondos públicos y en contrarrestar la posible penetración del narcotráfico en las actividades partidarias, sobre todo cuando detentan el poder. Esa es la razón por la cual la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas no ha sido aprobada, a pesar de tener más de una década en discusión. Al margen de dicha iniciativa, la JCE tiene el deber de profundizar las medidas de fiscalización de las actividades partidarias, utilizando todos los poderes que les otorgan la constitución y la ley electoral.

Narcotráfico y corrupción

El Presidente de la Junta Central Electoral ha declarado a los medios de comunicación que “las elecciones del 16 de mayo próximo pondrán a prueba el sistema político dominicano, por la amenaza que representa el narcotráfico”. Su preocupación es válida. Existen sobrados motivos para considerar al narcotráfico, y a la corrupción en general, como una fuente importante de financiamiento de la política.

Quirino habló sobre sus aportes a los principales partidos. Y es muy probable que dinero del narcotráfico continúe fluyendo hacia las actividades partidarias, sobre todo si tomamos en cuenta que, después de dicho caso, el narcotráfico ha penetrado con mayor fuerza en las instancias de poder, incluyendo las instituciones directamente responsables de su control, como lo han demostrado los casos Paya, Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo. La red a la que pertenece este último logró involucrar al Presidente de la República en la promoción de su “inversión extranjera” y obtener financiamiento estatal, a través del Banco de Reservas. Llama la atención que, hasta ahora, ningún funcionario, civil o militar, haya sido vinculado a las actividades ilícitas de Arturo del Tiempo; ni siquiera después de conocer nuevas informaciones provenientes de España, que dan cuenta de que ostentaba el cargo de “policía honorífico”. ¿Quién gestionó y quién autorizó esta designación? En los otros casos, los narcotraficantes también han aparecido con acreditaciones como miembros de los organismos militares y de seguridad; de manera que parecería válida la interrogante de quien asimila a quien, si el poder público a los narcotraficantes o viceversa.

Es evidente la capacidad de las redes de narcotraficantes para comprar encubrimiento, atraerse favores y socios claves en el tren gubernamental y en las instancias de poder político. La JCE electoral tiene el reto de establecer medidas para disminuir el riesgo que representa para la democracia el uso del dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción administrativa en la política. El desafío es mayor cuando concurren ambas fuentes.

El barrilito
Los congresistas continúan utilizando de manera ilegítima recursos públicos para campaña proselitista. Tanto el barrilito de los senadores, como el denominado cofrecito de los diputados, constituyen mecanismos de apropiación irregular de fondos.

De acuerdo a lo que ha publicado la prensa, solo en al año 2009 en esta mala práctica congresual se derrocharon alrededor de RD$ 230 millones, lo que en 4 años equivaldría a aproximadamente RD$920 millones, de los cuales cerca de RD$690 millones fueron para provecho de los senadores. Penosamente los senadores de todos los partidos, cada uno de los cuáles se ha beneficiado con un promedio de RD$22 millones han estado tratando de justificar ese dispendio del erario público. El Presidente del Senado, quien debió haber sido el primero en rechazar el barrilito, ha recibido en dicho período, cerca del doble de dicha suma y, a nombre de todos sus compañeros de hemiciclo ha hecho una enfática defensa de tan irritante e injustificable privilegio

Los únicos fondos que deben utilizar los partidos en sus actividades cotidianas y las campañas proselitistas son los autorizados por la Ley Electoral, provenientes del presupuesto nacional (en este año RD$1,085 millones, 80 % para PLD y PRD y 20% para los restantes), así como los aportes de personas y empresas, que a su vez provengan de fuentes de ingresos legítimas. Ni el barrilito, ni el cofrecito, ni la venta de exoneraciones de vehículos, tienen esta característica, por lo que toda actividad financiada con estas fuentes de recursos carece de legitimidad, así las posiciones públicas alcanzadas y sostenidas a través de cualquier otra práctica corrupta.

Mientras el Congreso utilice recursos apropiados de manera ilegítima carecerá de autoridad moral para cumplir su rol de fiscalización del buen uso de los recursos del presupuesto nacional por parte de las demás instancias del Estado. Por el contrario, su comportamiento incentiva a que otros organismos públicos, tanto del Poder Ejecutivo como de los Ayuntamientos, a continuar utilizando fondos públicos para favorecer a parciales políticos, familiares y amigos. No es casual que el Foro Económico Mundial reporte que República Dominicana es un país con altísimo nivel de favoritismo de las decisiones en el sector público (última posición entre 133 países evaluados), así como en derroche de los gastos del gobierno (penúltimo lugar, posición 132).

Los congresistas han tratado de justificar esta práctica clientelista y fuente de corrupción, señalando que destinan los fondos a “asistencia social” y que están sometidos a regulaciones de rendición de cuentas. Ni la constitución ni las leyes les asignan la administración de planes de asistencia social a los legisladores, rol que corresponde al Poder Ejecutivo. Por otro lado, la apropiación ilegítima de fondos no puede ser validada con informes sobre su uso. Su destino no le devuelve legitimidad. El barrilito debe ser eliminado de inmediato. Aún así, en cumplimiento de la Ley 200-03 de Libre Acceso a la Información Pública, el Congreso debe entregar las informaciones que sobre el destino específico dado a dichos fondos les han sido solicitadas, como es el caso del requerimiento que ha hecho al Senado la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).


La acción ciudadana

Los legisladores que resulten electos en las próximas elecciones tienen el deber de tomar acciones para corregir situaciones como las señaladas anteriormente y convertir el presupuesto nacional en un instrumento de desarrollo, formulado y administrado acorde la legislación vigente y no sobre la base de los criterios exclusivos del presidente de turno, para satisfacer intereses individuales, partidarios y de sectores económicos particulares. De igual manera deben actuar los regidores y síndicos electos, con respecto al presupuesto municipal, los cuales deben hacer del presupuesto participativo un instrumento de fomento de la democracia y el bienestar colectivo de la municipalidad.

La ciudadanía tiene el deber de elegir candidatos que hayan demostrado verdadera vocación de servicio, responsables, de firmes convicciones democráticas, que actúen con transparencia y que formalmente asuman compromisos como los siguientes, entre otros:

1. Exponer clara y detalladamente a los electores su plan de trabajo y rendir cuentas sobre el origen y destino de los fondos utilizados en la campaña.
2. Eliminar el “barrilito” de los senadores y del “cofrecito” de los diputados. No vender exoneraciones de vehículos.
3. Velar para que el presupuesto nacional se convierta en una real herramienta de desarrollo. Procurar que el mismo se distribuya con equidad, en atención a las necesidades prioritarias de los distintos grupos poblacionales, de los municipios y las provincias, a los cuales representan. Promover la elaboración y aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, según lo dispone la Ley de Planificación e Inversión Pública.
4. Incluir en el presupuesto nacional un monto para el sector educativo no inferior al mínimo establecido en la Ley General de Educación, así como las partidas necesarias para alcanzar las metas de la Ley de Seguridad Social y las contribuciones del gobierno central a las alcaldías, conforme a la Ley del Distrito Nacional y los Municipios.
5. Actuación responsable frente a la política de endeudamiento público, tanto interno como externo.
6. Requerir al Poder Ejecutivo rendir cuentas sobre el cumplimiento de la constitución y todas las leyes. Prestar especial atención a las disposiciones legales relacionadas con la transparencia y el fortalecimiento de la gestión pública: a) Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, b) Ley de Función Pública, y c) Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
7. Requerir a la Cámara de Cuentas la ejecución de un amplio y consistente plan de auditoría y hacer de conocimiento público los resultados de cada auditoría

La ciudadanía tiene la responsabilidad de solo votar por los candidatos que considere van a desempeñar con dignidad las funciones para las cuales han sido postulados; aquellos que hayan demostrado estar comprometidos el buen uso de los fondos del presupuesto nacional y de los ayuntamientos, con la lucha contra la corrupción, con el fortalecimiento institucional y con el combate a la pobreza y la desigualdad. Los electores que estimen que las candidaturas de determinadas circunscripciones no cumplen con las condiciones requeridas para optar por los respectivos cargos, en un ejercicio de ciudadanía responsable, deberían negar el voto a todas esas candidaturas.

Es tiempo de ponerle freno al clientelismo, a la narcopolítica, a la compra de votos, a la corrupción y a otras malas prácticas en el ejercicio de la política y la gestión pública. El país necesita autoridades dedicadas a promover el desarrollo nacional, no los intereses personales y grupales.


ORGANIZACIONES FIRMANTES:

CENTRO DE ESTDIOS PADRE JUAN MONTALVO

ASOCIACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE HERRERA Y PROVINCIA SANTO DOMINGO

PROBIEN

ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
LA LUCHA

CENTRO JUAN XXIII

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES INDUSTRIALES
LA LUCHA

FORO CIUDADANO