Entre errores, omisiones y ambigüedades todos los miembros de la entidad declaran que viven en la pobreza
Lery Laura Piña/Clave Digital
El pasado 27 de febrero, tras hacer referencia a la presencia de criminales en los cuerpos castrenses, el presidente Leonel Fernández consideró necesario legislar para obligar a los oficiales y alistados de esos organismos a presentar una declaración jurada de bienes.
El discurso desencadenó acciones casi inmediatas en la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entidades que a menos de una semana del pronunciamiento del Presidente emplazaron a sus oficiales superiores y encargados locales a presentar sus declaraciones juradas ante la Dirección de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA), de la Procuraduría General.
En el caso de la agencia antidrogas, 196 agentes declararon sus patrimonios. La disposición fue tan drástica que el pasado 19 de abril el jefe de la entidad, general Rolando Rosado Mateo, informó que dispuso la cancelación de tres coroneles y dos capitanes por negarse a declarar sus propiedades dentro del plazo indicado.
Pese a esto, el objetivo de que esta burocracia constituya una herramienta de ataque contra la corrupción en ese organismo parece imposible, a juzgar por el escaso rigor que se observa en los documentos.
En la mayoría de éstos se puede identificar errores, imprecisiones y omisiones. Por ejemplo, el oficial del Ejército Gabriel Rodríguez, encargado del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) en el aeropuerto de Puerto Plata, aparece como uno de los hombres más ricos de la DNCD, con un patrimonio que supera los RD$10.5 millones, pero sin especificar ingresos fijos adicionales a los RD$21,000 que devenga en el organismo.
El patrimonio del director del Programa de Orientación Comunitaria, Rafael Manuel Abreu Páez, también provoca curiosidad. Este agente declaró, entre otros inmuebles, un apartamento en la avenida Sarasota número 101 y uno en Cancino Primero, valorados en RD$165,000 y RD$50,000, respectivamente.
Casos similares ocurren con otros tipos de propiedades. Andrés María Jiménez Rivera, un miembro del Ejército Nacional que se desempeña como director de la Academia de la DNCD, indica que es propietario de una yipeta Honda CR-V, valorada en apenas RD$300.
También Felipe de León García, oficial de la Fuerza Aérea que presta servicio en Equipos Operacionales, documenta que tiene una yipeta Suzuki Grand Vitara del año 2005 que resulta bastante económica, pues está valorada en sólo RD$500.
Otro caso en el que se evidencia la falta de rigurosidad es en la declaración de Juan Alejandro Jácquez López, miembro del Ejército que se desempeña como inspector de la DNCD en San Cristóbal, quien declara que devenga un salario de RD$0.
Más de 25 agentes se limitaron a ofrecer algunos datos personales, y dejaron en blanco la parte del formulario que pide el detalle de sus pasivos y activos. Entre estos agentes hay incluso algunos abogados, como José Ramón Reynoso, ayudante del Consultor Jurídico; Joan Manuel Disla, ayudante del Consultor Jurídico; Yokasta Antonia Mariñez, sub-consultora jurídica y Aureliano Reyes, abogado auxiliar del organismo.
Se desconoce la utilidad que pueden tener estas declaraciones realizadas sin rigor para la DPCA, organismo que todavía está organizando el amplio legajo de documentos que contiene las informaciones de cada caso.
Las declaraciones de patrimonio también arrojan información sobre los bajos salarios que reciben –o al menos sobre los que reportaron- estos agentes.
Según se desprende de los documentos, 107 de los 196 agentes que declararon su patrimonio reportan un salario igual o inferior a los RD$20 mil pesos y, de éstos, sólo 33 identifican otros ingresos fijos.
Uno de los salarios más bajos es el del agente Ovidio Jiménez De los Santos, encargado de una sección de Investigaciones Especiales que no es identificada en su declaración. Según el documento, este miembro del Ejército Nacional apenas devenga RD$5,500 pesos y tiene un patrimonio de RD$12,000.
Otro agente del organismo antinarcóticos que estaría “arriesgando su vida” a cambio de un salario miserable es José González, encargado de Inteligencia Barrial, que devenga RD$8,640 cada mes. Ninguno de estos agentes reporta ingresos fijos adicionales a estos salarios. En condición similar está Martha Amarilis Ferreras, encargada de la DNCD en la cárcel La Victoria, que recibe RD$8,800 mensual y reporta ingresos adicionales fijos de RD$2,000.
Estos agentes son la cabeza de la agencia destinada a perseguir el narcotráfico en el país.
LOS QUE TIENEN MAYOR PATRIMONIO
1 Luis Rafael Herrera (EN), subdirector del CICC, declara un patrimonio de RD$18.5 millones que lo hace el hombre más rico de la DNCD.
2 Frank Félix Durán (PN), director de Inteligencia en Microtráfico, declaró bienes por RD$15 millones 715 mil y ninguna deuda.
3 Gabriel Rodríguez (EN), encargado del CICC en el aeropuerto de Puerto Plata declaró un patrimonio de RD$10 millones 557 mil 443.
4 Francisco Lluvares Aquino (PN), inspector general, declaró RD$6 millones 642 mil.
5 Alberto Bienvenido Olivo (PN), director administrativo, declaró RD$6 millones 284 mil.
6 Manuel Enrique Peña (FAD), jefe de la División Táctica de Investigaciones Sensitivas, declaró un patrimonio de RD$6 millones 167 mil 500.
7 Roberto Antonio Bello (FAD), coronel adscrito a la DNCD, declaró RD$5.9 millones.
8 Elvis Florencio Soriano (PN), encargado de la unidad URRTI, declaró RD$5.4 millones.
9 Yris Altagracia Jiménez Rosado de Van Dyke, encargada de contabilidad, declaró un patrimonio de RD$5 millones 270 mil.
10 Elvin Alexis Martínez (FAD), encargado del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, declaró RD$5.1 millones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario