¿Hacia dónde vamos?

Grupos defensores de los derechos humanos expresan alarma por las nuevas directrices antiterroristas de la administración Obama, en las que ven una intensificación de la Ley Patriota del 2001

Al referirse al intento de ataque terrorista del pasado 25 de diciembre, el presidente Obama dijo el jueves que “haremos todo lo necesario para derrotarlos”. En la foto, Obama se dirige hacia un salón de la Casa Blanca para hacer su alocución sobre el tema.

Por Joel Ortiz Rivera/ elnuevodia.com

Cuando el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab accionó el mecanismo adherido a su cuerpo que suponía que haría estallar un avión de Northwest Airlines poco antes de su llegada a la ciudad de Detroit, Michigan, el Día de Navidad, envió un shock eléctrico que estremeció todo el adormilado aparato gubernamental de seguridad y de defensa estadounidense, iniciando una aparente segunda era antiterror casi una década después de los fatídicos hechos del 11 de septiembre de 2001.

La información surgida tras una investigación de los sucesos reveló nexos entre Abdulmutallab y la red Al Qaeda, además de que su nombre figuraba en listas de personas con posibles lazos con el terrorismo, datos que al parecer fueron pasados por alto y provocaron un remezón en el gabinete y en las agencias que velan por la seguridad en Estados Unidos.

Y aunque no quiso señalar a un culpable por el error y se adjudicó la responsabilidad, el presidente Barack Obama, reciente recipiente del Premio Nobel de la Paz, aseguró el jueves que “estamos en guerra contra Al Qaeda, una poderosa red de violencia y odio que nos atacó en el 9/11, que mató a cerca de 3,000 inocentes y que planifica atacarnos otra vez”.

El demócrata, pese a que prometió que no sucumbirá ante “una mentalidad de asedio” sacrificando las libertades civiles a cambio de la seguridad, ordenó que se expandan los criterios para agregar personas a las listas de vigilancia terrorista y la forma en que el gobierno comparte la información entre sus agencias, antes de afirmar que “haremos todo lo necesario para derrotarlos”.

Grupos defensores de los derechos humanos y civiles, así como distintos organismos de seguridad de distintos países ya han comenzado a expresar sus preocupaciones con las nuevas directrices impartidas por la administración Obama, en las que algunos parecen ver una intensificación de la Ley Patriota del 2001.

Mediante el Patriot Act, la administración del ex presidente republicano George W. Bush incrementó la capacidad de las agencias de seguridad del Estado para intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas (e-mail); dio potestad para investigar expedientes médicos y financieros, entre otros, de los sospechosos; expandió la autoridad del Departamento del Tesoro para regular las transacciones financieras, en especial las de individuos y entidades extranjeras; y brindó a las autoridades inmigratorias y de ley la potestad de detener y deportar inmigrantes sospechosos de actos terroristas.

Una onda expansiva

En menos de una semana, no sólo Estados Unidos y su gobierno, sino el mundo entero sintió la onda expansiva del evento en Detroit cuando entraron en efecto las nuevas reglas de procedimiento de la Transportation Security Authority (TSA) y del gobierno de Obama para un exhaustivo registro de pasajeros con destino a Estados Unidos. Estas incluyen revisiones manuales a cuerpo completo, búsquedas en los equipajes de mano, escaneos de cuerpo completo y revisión con equipos especializados para la detección de explosivos.

Cientos de miles de pasajeros han experimentado retrasos en sus vuelos, revisiones invasivas que en casos incluyen hasta sondeos entre los senos (como sucedió con varias mujeres qataríes que viajaron hasta el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York) y revisiones más extremas y obligatorias en el caso de ciudadanos de países como Afganistán, Argelia, Arabia Saudí, Cuba, Líbano, Libia, Irán, Irak, Nigeria, Paquistán, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

“Utilizar el origen nacional o la religión como salvoconducto para la sospecha es nada menos que estereotipar racialmente. Y eso es inefectivo, inconstitucional y contrarresta los valores estadounidenses”, sostuvo en un parte escrito el director ejecutivo nacional de la American Civil Liberties Union (ACLU), Anthony D. Romero, al reaccionar sobre dicho listado de países y el refuerzo de las medidas en los aeropuertos.

Agregó Romero que en cambio, los esfuerzos deberían enfocarse en investigaciones basadas en sospechas individualizadas y en evidencia sólida, “lo cual estaría más acorde con nuestros valores y serían más efectivas en protegernos”.

Igualmente, expresó tener esperanza de que la administración entienda que los escáners de cuerpo completo “crean serías amenazas a la privacidad a la vez que proveen beneficios inciertos a la seguridad”.

Temiendo una disputa con Estados Unidos, la Unión Europea pondera forzar a países como España y Alemania -que creen que los escáners de cuerpo completo son invasivos y constituyen un potencial riesgo a la salud- a colocar los artefactos. El Reino Unido, Holanda e Italia ya se han alineado con los esfuerzos de Washington.

“El gobierno ciertamente tiene que trabajar para protegernos de la mejor manera posible, y tomar cada paso razonable para cerciorarse de que las fallas de seguridad no ocurran, pero tenemos que actuar sabiamente, y eso significa no canjear nuestros derechos y libertades por políticas inefectivas”, dijo Romero.

¿Es Obama un ‘Bush Lite’?

Letta Tayler, investigadora de la división de terrorismo y antiterrorismo de la organización Human Rights Watch, dijo a LaREVISTA que la administración Obama ha puesto fin a muchas de las prácticas abusivas de la pasada administración, pero que varias de sus políticas antiterrorismo hacen que luzca como un “Bush Lite”, o un Bush diluído.

Dijo que por un lado, Obama ordenó el fin de las prisiones secretas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) junto con sus técnicas de tortura y abuso, pero por el otro, ha extendido el sistema de detención indefinida de un sospechoso aunque no se le hayan radicado cargos por terrorismo.

Resaltó que los planes del Presidente de procesar a un grupo de los sospechosos detenidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, mediante comisiones militares en vez de ante las cortes federales, es otro serio revés para los derechos humanos, aunque Obama insista en que dichas comisiones han mejorado.

“La gente que se sospecha que haya cometido actos de terrorismo debe ser enjuiciada y castigada. Pero enviar a prisión a individuos simplemente por la sospecha de que puedan tomar acciones peligrosas en el futuro es injusto e inconsistente con la ley y las tradiciones estadounidenses”, aseguró Tayler. “Esta flagrante violación al derecho de tener un juicio justo también podría incentivar que regímenes represivos alrededor del planeta, con evidencia débil o con ninguna, arresten o encarcelen a sospechosos y les boten la llave”.

El efecto en Puerto Rico

En cuanto a los efectos de las medidas sobre los puertorriqueños, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Arturo Hernández, señaló que posiblemente haya existido una inobservancia o una flexibilización de las medidas que estaban vigentes en los aeropuertos durante la administración Bush, pero no recordó que con la administración Obama haya habido legislación para derogar o modificar la Ley Patriota.

Recordó que Estados Unidos controla nuestras fronteras aéreas y marítimas, por lo que las restricciones que ellos adopten nos afectarán igualmente. Describió como “barbaridad” y como “tentativa absoluta a los derechos” las disposiciones de la Ley Patriota que viabilizaron que se detuviera a personas por meras sospechas y sin el derecho de ser asistido por un abogado.

“Pero el problema de Estados Unidos es diferente”, dijo. “Los que piensen hacerlo (actos terroristas) van a continuar intentándolo. Ellos lo que deberían considerar es desempeñar un rol distinto en otras latitudes del mundo, aportando a resolver problemas más que tratando de imponer sus criterios, como lo hacen ahora. Ese es el gran problema de fondo”.

Descartó que Puerto Rico pueda ser blanco de ataques o atentados y dijo que los puertorriqueños son un pueblo de paz, a pesar de que el ejército estadounidense se ha nutrido mucho de los boricuas para sus guerras. Pero la atadura política o jurídica con Estados Unidos podría ser lo que pusiese a la Isla en riesgo de ser un objetivo.

Para la abogada asociada a la ACLU, Wilma Reverón, muy poco, si algo, ha cambiado desde la llegada de Obama. Al contrario, dijo que tiene la impresión de que está tomando las posturas de la era de Bush y reforzándolas.

Levantó bandera en cuanto a los escaneos de cuerpo completo debido a las interrogantes de intimidad y de salud que plantean, y estableció que la ACLU repudia cualquier acción invasiva de parte del Estado hacia ciudadanos que tendrían que someterse a esos “vejámenes” para poder viajar.

Dijo que la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas es un indicativo de que la política de relaciones internacionales de Estados Unidos no ha cambiado.

“Y eso es una decepción para todos los que luchamos y creemos en los derechos civiles y humanos”, sostuvo.

En su opinión, lo peor del asunto es el impacto sicológico que tiene en la población, ya que las restricciones, según dijo, tienen el efecto de paralizar e inhibir la libertad de expresión y fomentar la autocensura.

“Esto es la zapata para un régimen de intolerancia contra todo lo que no sea conforme a lo que el gobierno entienda que es la norma. Obama no ha establecido cambio alguno”, dijo.