El Congreso dio de lado al interés nacional en el 2009

Por: Román Tamayo

En el año que recién finaliza, el Congreso Nacional se caracterizó por aprobar los proyectos sugeridos por el gobierno sin importar el interés de la República Dominicana, que criticó rabiosamente el respaldo a esas iniciativas.

Durante su campaña electoral para las pasadas elecciones congresuales y municipales, el PLD y su presidente Leonel Fernández, tuvieron como slogan “un Congreso para el Progreso”, planteando la necesidad de que ese organismo bicameral sirva a los mejores intereses del país.

El proyecto de reforma a la Constitución obtuvo el rol protagónico en las actividades del Congreso este año, mayormente por la oposición que hicieron grupos de la sociedad civil algunos puntos que la propuesta, como fue el famoso artículo 30 que penalizaba el aborto.

Otras de las críticas al Congreso, fue la facilidad con que le aprobó al Poder Ejecutivo las solicitudes de préstamos, lo que en el último año se convirtió en “un festival”.

Desde el 16 de agosto del 2008 hasta este mes de diciembre los senadores y diputados aprobaron 26 propuestas de préstamos que involucran un total de US$1,638.0 millones.

El Senado aprobó la pasada semana los últimos tres préstamos que le fueron enviados por el presidente Leonel Fernández por un monto de US$51.1 millones.

El Congreso Nacional (bicameral) convertido en Asamblea Revisora, debatió y aprobó la reforma a la Constitución, impulsada mediante un pacto político entre el presidente Fernández y el titular del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Posteriormente, y para la segunda lectura, el llamado "pacto por la reforma" fue ampliado, situación que provocó grandes críticas y que avivó en la población el interés perdido por los trabajos de modificación.

La población dominicana fijó su atención en el Congreso, al iniciarse el proceso de la trigésimo octava modificación a la Constitución, proceso que se aperturó en ese organismo en septiembre de 2008, cuando el presidente Fernández sometió el proyecto de Ley que declara la necesidad de la reforma.

El proceso se inició con la celebración de vistas públicas, consultas a diversas instituciones y entidades de la sociedad civil, los empresarios, religiosos y la ciudadanía en general.

La modificación de la Constitución necesitó de 58 sesiones y del trabajo constante de 15 comisiones que estudiaron el proyecto por temas, agotándose una jornada de casi siete meses, en los que la presión de diversos sectores se impuso en importantes temas.

Los temas de mayores conflictos fueron el derecho a la vida, que enfrentó a las iglesias con agrupaciones defensoras de las mujeres; la nacionalidad; lo relativo al Medio Ambiente y el libre acceso a las playas, respetando siempre el derecho a la propiedad privada y la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

Se destacan, además, la unificación de las elecciones congresuales y municipales, el carácter legal a los matrimonios oficiados por los evangélicos, la creación del Tribunal Constitucional, otorgar más poderes al Congreso e incrementar su matrícula, la instauración del referéndum, el plebiscito y la consulta popular.

Otro punto notable fue el escándalo en que varios asambleístas votaron por sus colegas ausentes, lo que provocó la anulación de la sesión y el conocimiento de nuevo de los temas sancionados.

Un gran revuelo produjo en la opinión pública la aprobación a la enmienda Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, suscrito el 25 de marzo de 2002, entre el Estado Dominicano, el Banco Central, la Rosario Dominicana, S.A. y Placer Dome Dominicana Corporación, mediante la cual esta última cede a la Barrick Gold los derechos de operación de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí.

Igual reacción provocó la aprobación de la ley que modifica la 176-07 y que aumenta la cantidad de regidores en las provincias con mayor número de habitantes, cuya intención es aplicarla para las próximas elecciones de medio término.

Además, el proyecto de modificación la Ley sobre Áreas Protegidas y que tocaba los límites del Parque Nacional del Este y la tardanza del Congreso para aprobar la Ley de Partidos Políticos.

Otro tema de carácter religioso que atrajo la atención fue el relacionado con el matrimonio civil oficiado por las iglesias evangélicas, lo cual, finalmente y a contrapelo del interés católico, fue acogido por los asambleístas.

Igualmente, lo relativo a la nacionalidad mediante los principios de jus solis y jus sanguini, produjo las más variadas opiniones y hasta protestas y contraprotestas de quienes favorecían o adversaban el texto sometido por el Poder Ejecutivo, pero que al final se consagró en la Carta Magna ambos principios.

En vez de reducirse el clientelismo en la administración del Estado, la Asamblea Revisora creó nuevas posiciones públicas, lo cual incentiva esta práctica. Como ejemplo está el incremento de la matrícula de la Cámara Baja y la creación del Tribunal de Garantía Constitucional, el cual estará conformado por 13 jueces, los cuales serán escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.