domingo, 8 de noviembre de 2009

Partidos no respetan su disciplina interna Las denuncias de que algunos dirigentes están ligados al narco se suma a otros escándalos públicos

Panky Corcino/Clave Digita

Aunque mantienen algunas disposiciones estatutarias para sancionar a los dirigentes que violentan sus reglamentos internos, los principales partidos políticos dominicanos no parecen hacer muchos esfuerzos para escapar a escándalos públicos generados por algunos de sus principales dirigentes que entran en conflicto con la ley penal y se ganan el repudio de la sociedad.

La preocupación en torno al tema surgió una vez más, luego que el presidente el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio (Vincho) Castillo, advirtiera a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos que evalúen los precandidatos para que eviten que personas ligadas al narcotráfico postulen por cargos electivos.

A la voz de Castillo se suma la del senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Peravia, Wilton Guerrero Dumé, quien asegura que tiene en su poder una supuesta lista de legisladores y aspirantes a cargos electivos que reciben apoyo de narcotraficantes.

Ambas denuncias despertaron un encendido debate. Representantes de los partidos políticos, como Ramón Rogelio Genao, del Reformista Social Cristiano (PRSC), e Ivelisse Prats Ramírez, del Revolucionario Dominicano (PRD), aseguran que sus organizaciones hacen esfuerzos orientados al saneamiento.

Genao y Prats Ramírez recuerdan que sus partidos exigen, como prerrequisitos a los aspirantes a cargos electivos, una prueba antidoping de un laboratorio reconocido y un certificado oficial de no antecedentes penales.

Unas medidas que el coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, ve con buenos ojos. El profesional del Derecho sostiene que “en ningún momento debe permitirse que el narcotráfico se involucre en actividades políticas, ya que tendrían voceros y protectores políticos, lo que le abriría la brecha para manejar y controlar libremente ese delictivo negocio”. Sostiene que eso provocaría inestabilidad económica, social y política, al tiempo de afectar la democracia y la imagen del país.

Chami Isa entiende que cuando se les comprueben actuaciones delictivas, los candidatos deben ser expulsados de las filas del partido a que pertenezcan y sometidos a la acción de la justicia. “No debe existir nunca la impunidad, que es la culpable de todos los actos contrarios a la ley, y de corrupción cometidos por servidores públicos en nuestros país”.

Aunque no ofreció nombres, Castillo aseguró que un 30% de los aspirantes a puestos congresuales y municipales para las votaciones de mayo del próximo año estarían vinculados al narcotráfico. Como reacción, los principales partidos aseguran que exigen para sus pre-candidatos pruebas antidoping y un certificado oficial de que no tienen antecedentes penales.

Pero más allá del tema del narcotráfico existen dirigentes que se colocan en el centro de escándalos públicos por otras razones, como el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Julio Romero, quien se negaba a reconocer la paternidad de un hijo que procreó con una menor.

También existen cuestionamientos en torno a Ramón (Papo) Fernández, aspirante a diputado del PRD por la provincia Santiago Rodríguez, quien está envuelto en un proceso judicial en el que se le imputa la violación de una joven de 14 años. Aunque ya tuvo una sentencia favorable en primera instancia, la Red Dominicana por la Salud de las Mujeres (REDSAM) exige justicia.

Uno de los últimos casos de escándalos en torno a problemas judiciales se dio con el re-electo para la Secretaría General del PRD, Orlando Jorge Mera. Su rival, Guido Gómez Mazara, promovió la denuncia de que el político fue sentenciado por corrupción debido a un supuesto fraude de RD$16.5 millones cometido a través de la venta, en 1997, de un solar ubicado en esta capital.

Jorge Mera desmintió la denuncia y la atribuyó a una “campaña sucia” de su compañero de partido, ante la imposibilidad de vencerlo en las primarias en las que finalmente se coronó con la reelección en el cargo.

Aníbal Rosario Ramírez y Fidelina Pérez, dos diputados del PRD, violentaron el reglamento interno de la Asamblea Revisora al hacer múltiples votos durante una de las sesiones en la que se conocieron varios artículos de la nueva Constitución que discute ese organismo.

Sin embargo, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, desligó a su organización de la falta en que ocurrieron los dos congresistas. “Se trata de una responsabilidad personal de estos legisladores, que como presidente del PRD deploramos profundamente, y esperamos que nuestro bloque congresual se reuna en un breve plazo y adopte las correcciones y amonestaciones que sean de lugar”, sostuvo.

Ruido en el PLD. En las huestes del oficialista PLD el último cuestionamiento a un dirigente se produjo en torno al senador por la provincia San Pedro de Macorís, Alejandro Williams.

El legislador era cuestionado desde marzo por sus constantes ausencias a las sesiones del Congreso y por acosar a tres periodistas que se hicieron eco de noticias que daban cuenta de una supuesta investigación en la que EEUU trataba de comprobar si la clínica del senador había cometido fraude al Medicaid.

Desde el principio, el comité provincial del PLD en San Pedro de Macorís suspendió a Williams. Pero no fue sino hasta que el congresista apareció repartiendo dólares el día de la inscripción de su pre-candidatura a senador, cuando la cúpula decidió dejarlo fuera de la competencia interna bajo el argumento de que cometió “traición” contra la organización fundada por Juan Bosch.

También el dirigente del PLD, Rafael Antonio Luna (Cheché Luna) se vio envuelto en un escándalo, después de que el médico Leocadio Mejía Puello, propietario de Frambuesa Muebles, lo hiriera de bala bajo el alegato de que el político había faltado el respeto a una de sus hijas.

Hace unos meses el programa televisivo El Informe denunció que algunos diputados de los diferentes partidos políticos hacían un mal uso de los recursos públicos destinados a su fondo social conocido como “El barrilito”. Los congresistas estarían incluyendo en las nóminas a familiares e incluso a personas fallecidas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, mandó a cancelar todos los nombramientos irregulares, pero no sometió a ninguno de los congresistas por expropiar fondos públicos.

IVELISSE PRATS DE PEREZ

“Como hay denuncias y percepción de la ciudadanía con respecto a la penetración del narcotráfico en la sociedad dominicana, el PRD ha tomado medidas frente a la coyuntura electoral, para evitar, en la medida de lo posible, la presencia de personas indeseables, tanto en el Congreso Nacional como en los ayuntamientos. Además, nosotros tenemos dos organismos de control y de seguimiento establecidos en el estatuto”.

HÉCTOR OLIVO, Vocero del PLD

“El PLD considera preocupante y delicada las denuncias sobre la supuesta participación en política de dirigentes narcotraficantes. Ser permeadas por el narco será siempre un peligro para las instituciones y el funcionamiento apropiado de la sociedad. La delicadeza estriba en poner el dedo acusador sobre determinadas personas de las que no se tengan los elementos probatorios suficientes. Eso impone cautela”.

RAMÓN R. GENAO, Secretario del PRSC

“El PRSC es el primer partido en establecer en su estatuto los prerrequisitos para optar por posiciones de elección, que además de las certificaciones de buena conducta y no antecedentes penales consignó la prueba de dopaje y la depuración por vía de agencias de inteligencia nacionales. El PRSC expulsó más de 500 dirigentes altos y medios del partido del 2000 a la fecha, y a más de 50 le fueron rechazas sus pre-candidaturas“.

SAMIR R. CHAMI ISA, Participación Ciudadana

“Nosotros entendemos que todos los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores deben ser investigados y depurados, tanto por los partidos mismos, la Fiscalía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), además de que la Junta Central Electoral debe mantenerse vigilante y especialmente exigirle una prueba de dumping y que identifiquen de donde provienen sus recursos”

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