Por Yiraldy Hernández. Abogada, servidora pública.
Cecilia no comenzó a cuidar a Leonida por un salario. Lo hacía como vecina, visitándola de vez en cuando y ayudándola con algunas de sus necesidades. Probablemente ninguna de las dos imaginó que aquella relación de solidaridad terminaría convirtiéndose en una oportunidad de trabajo para una y en una atención permanente para la otra.
Esta historia
ocurre en Las Corcobas, una comunidad rural del municipio de Nagua, provincia
María Trinidad Sánchez.
Conocí el caso
de doña Leonida a través de organizaciones populares y miembros de la junta de
vecinos, quienes me alertaron sobre las condiciones en que vivía. Se trataba de
una señora de aproximadamente 90 años, en situación de pobreza y
vulnerabilidad, sin familiares que se ocuparan de ella ni una persona
responsable de atender sus necesidades cotidianas.
Cuando llegué
a su vivienda, pude constatar aquella realidad. A una edad en la que cualquier
persona necesita mayores atenciones, Leonida enfrentaba sus días sin el
acompañamiento que su condición requería.
En el proceso
conocí a Cecilia Bencosme, integrante de la junta de vecinos. Era una de las
personas que, por voluntad propia, se acercaba a ayudarla. Le preparaba
alimentos, colaboraba con su higiene y atendía otras necesidades de la casa,
sin recibir remuneración alguna.
Su disposición
resultó determinante para encontrar una respuesta. A través de la Dirección de
Desarrollo Social Supérate, Cecilia fue incorporada como cuidadora contratada,
convirtiéndose en la primera persona que desempeña formalmente esta función en
Nagua dentro del programa.
Hoy la
realidad de ambas es diferente.
Leonida recibe
cuidados, alimentación y acompañamiento. Cecilia continúa atendiéndola, pero
ahora cuenta con una remuneración que le permite contribuir al sustento de su
hogar. Una labor que realizaba gratuitamente pasó a convertirse en una
ocupación reconocida.
Al conocer de
cerca esta experiencia comprendí con mayor profundidad el alcance que puede
tener la Política Nacional de Cuidados en República Dominicana. Su importancia
se aprecia en situaciones concretas, cuando una persona recibe la asistencia
que necesita y quien dedica su tiempo a cuidarla encuentra mejores condiciones
para hacerlo.
Durante
generaciones, el cuidado de personas adultas mayores, enfermas o con
discapacidad ha descansado principalmente sobre las familias y, dentro de
ellas, sobre las mujeres. Muchas han tenido que renunciar a empleos, estudios y
oportunidades económicas para atender a sus seres queridos.
Las cifras
confirman esa desigualdad. Según la Oficina Nacional de Estadística, a partir
de la encuesta ENHOGAR-2021, el 44.8 % de las mujeres dominicanas de 15 años o
más realizaba trabajo de cuidados no remunerado, frente al 24.3 % de los
hombres.
Estos datos
nos obligan a reconocer una realidad que durante mucho tiempo ha permanecido
fuera del debate público: cuidar requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos,
aunque tradicionalmente haya sido considerado una obligación familiar sin valor
económico.
La política de
cuidados busca responder a esa necesidad mediante servicios especializados y la
formación de personas cuidadoras. Según informaciones publicadas por Supérate
el 6 de noviembre de 2026, los servicios domiciliarios atendían a 294 personas
adultas mayores y sus familias en Azua y Santo Domingo Este, mientras avanzaban
los planes de expansión hacia nuevos territorios.
La experiencia
internacional demuestra que este tipo de respuesta puede consolidarse como
parte de los sistemas de protección social. Uruguay creó en 2015 su Sistema
Nacional Integrado de Cuidados y, durante 2025, más de 5,500 personas
accedieron a un asistente personal mediante el Banco de Previsión Social de ese
país.
República
Dominicana avanza en la construcción de su propio modelo. Todavía existen
desafíos relacionados con la cobertura territorial, la disponibilidad de
recursos, la formación profesional y la continuidad de los servicios. Para las
comunidades rurales, donde las familias suelen enfrentar mayores dificultades
de acceso, estas cuestiones merecen especial atención.
También
debemos reconocer el papel de las organizaciones comunitarias. La historia de
Leonida llegó a las instituciones porque hubo personas que se preocuparon por
su situación. La junta de vecinos y las organizaciones populares cumplieron una
función esencial al identificar el caso y contribuir a que recibiera atención.
Esa cercanía
entre las comunidades y las instituciones públicas puede resultar decisiva para
encontrar a quienes necesitan ayuda, pero muchas veces permanecen fuera del
alcance de los servicios.
Como sociedad,
tenemos que preguntarnos cuántas personas viven situaciones similares a la de
Leonida sin que nadie conozca sus necesidades y cuántas mujeres, como Cecilia,
llevan años cuidando a otros sin recibir una remuneración por ese trabajo.
La respuesta
exige ampliar los servicios, garantizar su calidad y procurar que los
beneficios lleguen también a las comunidades más apartadas.
Cada vez que
pienso en esta política, recuerdo a Leonida y Cecilia. Una encontró la atención
que necesitaba para vivir con mejores condiciones. La otra obtuvo un empleo a
partir de una labor que ya realizaba con dedicación.
En Las
Corcobas, la política de cuidados dejó de ser un concepto escrito en un
documento institucional. Para ellas, tiene consecuencias que se viven cada día.
Y es
precisamente desde esas experiencias que debemos valorar sus resultados y
orientar los esfuerzos para que muchas otras familias dominicanas puedan
acceder a este derecho.
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