Uno de los comercios cerrados por Pro Consumidor por incurrir en fraude con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno.
Se recuerda
que Pro Consumidor y ADESS firmaron un acuerdo para inspeccionar, fiscalizar y
sancionar a los comercios que incurran en esta práctica delictiva-
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por éstos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza.
El director de Pro Consumidor, Eddy
Alcántara, explicó que la entidad que dirige realizó varios operativos en
diferentes puntos del país y tras comprobarse estas irregularidades dispuso
como medida cautelar “la suspensión inmediata de las actividades comerciales de
estos establecimientos”.
El funcionario dijo que estos
operativos se llevaron a cabo dando cumplimiento al acuerdo firmado
recientemente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales
(ADESS) para inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios de la Red de
Abastecimiento Social que incurran en malas prácticas comerciales en perjuicio
de las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.
Manifestó que los operativos de inspección
y las suspensiones de las actividades comerciales de estos establecimientos fueron realizados atendiendo
a las constantes denuncias y reclamaciones que llegaban a ADESS por parte de personas afectadas por
esta mala práctica comercial.
Alcántara explicó que del 1 de marzo
al 2 de abril de 2023, se recibieron por vía de Administradora de Subsidios
Sociales denuncias de los beneficiarios del plan de subsidios sociales
“referentes al no reconocimiento de los consumos realizados en estos
establecimientos”.
Asimismo, el funcionario dijo que
según la resolución se pudo evidenciar que desde el primero de diciembre del
año 2022 al 28 de febrero de 2023 fueron descontados de forma fraudulenta los
montos acreditados por la Administradora de Subsidios Sociales a los
denunciantes.
Alcántara explicó que los
establecimientos comerciales que fueron cerrados se encuentran ubicados
principalmente en las provincias San Juan, Santo Domingo, Bahoruco, Barahona,
Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Distrito Nacional y otras.
Dijo que estos operativos continuarán
realizándose para garantizar los derechos de los consumidores que reciben estas
ayudas sociales y evitar que sigan cometiéndose estos fraudes.
“Estas jornadas de inspección serán de
forma permanente y los comercios que se les encuentren cometiendo estas
irregularidades serán cerrados como lo establece la Ley 358-05 de Protección al
Consumidor”, expresó.
El titular de Pro Consumidor indicó,
asimismo, que con esta acción se busca proteger a los consumidores
beneficiarios de este tipo de ayuda social, de la cual el gobierno destina
mensualmente más de tres mil millones de pesos.
Recordó que el convenio firmado con el
director general de la Administradora de Subsidios Sociales, Catalino (Freddy)
Correa Hiciano, busca promover una gestión de la actividad comercial más
eficiente y amigable entre los establecimientos adheridos a la RAS “y en
beneficio de las personas participantes de los programas de protección social
creados por el gobierno dominicano, garantizando con ello una mayor inclusión y
el alcance de los objetivos de erradicación de la pobreza”.
Eddy Alcántara señaló que los
beneficiarios estaban siendo objeto de timación por parte de comerciantes en
complicidad con sectores delincuenciales, afectando tanto el programa, como los
intereses de los consumidores y al propio Estado dominicano.
Indicó que de comprobarse la violación
a las disposiciones legales en perjuicio de la población consumidora nacional,
podría ser iniciado en contra de estos negocios un procedimiento administrativo
sancionador por violentar las disposiciones de la Ley 358-05 y otras leyes
sectoriales, “como también las acciones penales en contra de los propietarios
de estos establecimientos comerciales”.
Dijo finalmente, que los expedientes
de los negocios cerrados por malas prácticas comerciales serán remitidos al
Ministerio Público para que empiecen las acciones penales
correspondientes.
Dirección de Comunicación
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