Marcha Verde exige que en la elección del Defensor del Pueblo se repete la institucionalidad establecida en la Constitución de la República y en la Ley 19-01, que será lo único que garantizara profundizar el Estado Social y de Derecho en el país.
Marcha Verde recuerda al país, que el Congreso de la
República debió iniciar la elección del Defensor del Pueblo en la legislatura
agosto-enero 2018. Sin embargo, fue en mayo del 2019 que realizó la primera
convocatoria, se inscribieron en esta convocatoria 35 postulantes.
Dada la situación que vivía el Congreso, el Pleno
aprobó una segunda convocatoria a partir del 15 de julio. En esta segunda
convocatoria se inscribieron 27 postulantes. Para un total en ambas convocatorias
de 62 postulantes. La Comisión Especial designada realizó la depuración de los expedientes
depositados.
Hoy hemos visto con sorpresa que el Pleno de la Cámara
de Diputados, en su sesión del miércoles 21 de octubre, aprobó el informe de
gestión de la Comisión Especial designada en esta legislatura para la evaluación
de los candidatos aspirantes a ocupar los cargos de Defensor del Pueblo, sus
suplentes y adjuntos, de abrir un nuevo plazo por 30 días para recibir nuevas
inscripciones, a partir del 26 de octubre hasta el 24 de noviembre, en vez de
continuar el trabajo donde fue dejado por la comisión anterior, dando
continuidad de Estado a este proceso, que según el propio Presidente de la
Cámara Alfredo Pacheco “hizo un buen trabajo”.
Esta decisión, nos hace preguntarnos ¿porque una nueva
convocatoria? Es que se pretende utilizar la Defensoría del Pueblo para “pagar
apoyos electorales” permitiendo que concluidos los procesos electorales de este
año, aspirantes, que no lograron puestos electivos, que pertenecen o están comprometidos
con organizaciones partidarias, se inscriban para participar en la elección de
la Defensoría del pueblo?
La Defensoría del Pueblo, debe ser un valioso
instrumento para defender los derechos del ciudadano frente a la administración
del Estado y a cualquier entidad prestadora de servicio público. No debe ser
para “honrar” compromisos de campaña, ni acuerdos político-partidarios.
Marcha Verde plantea que esta nueva convocatoria es
muy grave, ya que deja en evidencia el uso de la progresiva ausencia de
voluntad política para garantizar que el manejo de las Altas Cortes sea asumido
por profesionales independientes de los partidos políticos, que garanticen el
adecentamiento del ejercicio de lo público.
Marcha Verde exige a la Cámara de Diputados garantizar
un proceso de elección del Defensor del Pueblo transparente, objetivo,
institucional. Cumplir con el el Art. 11 de la Ley 19-01 que dice “El Defensor
del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en
actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a
cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia”. La Defensoría del
Pueblo, debe ser una figura que cumpla con los criterios y requisitos establecidos
en la Ley.
Marcha Verde hace un llamado a los diputados para que
no reiteren practicas del pasado de distribuirse como si fuera un pastel, las
Altas Cortes. Es el momento de cambiar hacia prácticas que garanticen
democracia y transparencia.
Marcha Verde continuara vigilante para que en el país
las instituciones jueguen su rol. Le recuerda a los Diputados que “la
Defensoría del Pueblo es fundamental que sea una autoridad independiente en sus
funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Que se debe de
manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Lo que le permitirá
desempeñar su función esencial de “salvaguardar los derechos fundamentales de
las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la
Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u
órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que
afecten intereses colectivos y difusos”
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