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RD y países América Latina exigen a la ONU recursos para combatir narcotráfico

jueves, 30 de abril de 2009

Publicado por prensalibrenagua.blogspot.com
VIENA, Austria.- En respaldo a una iniciativa de la República Dominicana, más de un centenar de países acordó aqui solicitar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que facilite recursos para combatir el tráfico de drogas, la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado en la región del Caribe.

La resolución, aprobada durante del 18° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, también fue promovida por Cuba y estuvo patrocinada por el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) y el Grupo de los 77 y China.

Los países manifestaron su apoyo a la “Declaración Política sobre lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y otros delitos graves en el Caribe” adoptada en Santo Domingo durante la Conferencia Ministerial que se efectuó del 17 al 20 de febrero de 2009.

La resolución respalda también el Plan de Acción elaborado para hacer frente a estos problemas en el Caribe y avala la creación del “Mecanismo de Paternariado de Santo Domingo” para dar seguimiento a la ejecución del Plan y alienta a los Estados, instituciones financieras y organismos intergubernamentales a prestar asistencia financiera y técnica para apoyar a los países del Caribe en estos esfuerzos.

RD reafirma compromiso

En el cónclave, que reunió a 120 naciones, el Gobierno de la República Dominicana reafirmó su compromiso con los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a la delincuencia en todas sus manifestaciones y describió las medidas adoptadas para esos fines en los planos legal, institucional y administrativo.

La delegación dominicana destacó que durante los últimos tres años, la República Dominicana ha ratificado casi todos los tratados y convenciones adoptadas por la Comunidad Internacional para combatir la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo.

Precisó que sólo en este año, el país se adhirió a 12 de los 16 instrumentos universales contra el terrorismo y adoptó una Ley General contra el Terrorismo. Con la ratificación del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego en abril de 2008, la República Dominicana completó su incorporación a todos los instrumentos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Medidas contra la corrupción

La delegación dominicana también se refirió a las medidas adoptadas contra la corrupción, en particular a las labores de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.

Destacó la exitosa implementación del Plan Nacional de Seguridad Democrática por parte de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, los avances logrados en el Ministerio Público a raíz de los sustanciales cambios institucionales, organizativos y funcionales implementados, así como los excelentes resultados del nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Durante la celebración del Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, la República Dominicana estuvo representada por Antonio Picel, Subsecretario de Estado de Interior y Policía; Julio Aníbal Fernández, Subsecretario de Estado de Hacienda; Juan Cedano, en representación de la Procuraduría General de la República: Manuel Herrera, representante de la Mesa Interinstitucional Antinarcóticos; el Embajador dominicano en Viena, Ramón Quiñones; la Ministra Consejera Wendy Olivero y la Consejera Rodde Severino.

El foro se reúne anualmente en la ciudad de Viena, Austria, para examinar las actividades realizadas por los países a nivel mundial, coordinar las iniciativas de la comunidad internacional y dar mandato a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y de armas de fuego, así como el terrorismo y el lavado de activos, incluyendo la modernización de la justicia penal.